En el marco del segundo informe de actividades de la 59 Legislatura, integrantes del Foro de la Unidad de Izquierdas de Querétaro protestaron afuera del Congreso Local
Con pancarta en mano y procurando mantener la sana distancia, integrantes del Foro de la Unidad de Izquierdas de Querétaro se manifestaron en las inmediaciones del recinto legislativo del estado de Querétaro para pedir que se realice un foro de consulta ciudadana sobre las reformas penales recientemente aprobadas y observadas por el Ejecutivo.
Pablo González Loyola, líder de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto, dijo que entregó un documento dirigido a Ma. Concepción Herrera Martínez, presidenta de la Mesa Directiva, para plantearle la necesidad de abordar el tema de manera abierta ante la ciudadanía.
“Presentamos un documento del análisis colectivo que hicimos varias organizaciones apoyadas de estudiosos, abogados y especialistas en materia de derechos humanos donde revisamos las reformas al Código Penal, popularmente bautizada como la ley garrote”.
Mencionó que las reformas contemplan incrementar las sanciones, crear y ampliar delitos presuntamente por la contingencia sanitaria derivada del COVID-19; pero la mayoría de los artículos -subrayó- no tienen relación con la protección a la salud.
“Está el delito de resistencia de particulares a un acto de la autoridad, el delito de clandestinaje, el de que se viole la prohibición a residir en determinado lugar, impedir la ejecución de una obra o trabajos públicos y se amplían las conductas y elementos del delito de peligro de contagio; y en la parte de omisión de auxilio se crea un agravante cuando la víctima sea mayor de 60 años, menor de edad o no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o resistirlo”.
Reconoció que si bien respalda el veto del gobernador, Francisco Domínguez a ciertos artículos, al agravar las agresiones que se cometan a personal de salud, tanto a elementos de Protección Civil y policíacos, podrían darse situaciones en donde se encarcele a ciudadanos por delitos de resistencia a particulares.
“Si el gobernador ejerció su derecho al veto entonces claramente quiere decir que esta reforma está fuera de la ley y fuera de los derechos humanos”, dijo.
