En el transcurso del 2020 los servidores públicos han generado el derecho a recibir esta prestación de fin de año, el gobierno federal no puede quitarles por decreto ese monto, apuntaron abogados laboristas
El recorte del 50% al aguinaldo de algunos funcionarios del gobierno federal es ilegal e inconstitucional, señalaron en entrevista abogados laboralistas. Ni el argumento de que antes ganaban sumas demasiado altas en un país con tanta desigualdad, ni que implicará un ahorro en época de pandemia de covid-19 justifican la violación a los derechos de los trabajadores, apuntaron.
“El tema es si un presidente de la República puede borrar una prestación laboral, un derecho ya adquirido”, apuntó Manuel Fuentes Muñiz, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y asesor de diversos sindicatos.
Durante todo este año, los servidores públicos ya generaron el derecho al aguinaldo con su trabajo, el gobierno no puede reducirlo en este momento, apuntó Oscar de la Vega, socio fundador del despacho De la Vega & Martínez Rojas. Quizá a futuro pudiera haber una negociación, pero por ahora están violando sus derechos laborales, agregó el consultor de empresas multinacionales.
El pasado jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que no sólo anunció el adelanto del pago de los aguinaldos, sino su disminución de 40 a 20 días de salario para personal de confianza.
El artículo quinto, fracción II, inciso a del documento indica que el monto crecerá de 20 hasta 40 días “en los niveles que menor percepción tengan en el tabulador de sueldos y salarios”. Este viernes, en la conferencia matutina el mandatario aseguró que el recorte “es realmente para los de mero arriba. Es un asunto de formalidad, de legalidad, que queremos cumplir”.
También dijo que dará a conocer las fórmulas para aplicar el recorte. El artículo 12 del decreto establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá los lineamientos para ponerlo en práctica.
No se puede renunciar al aguinaldo
Las legislación laboral vigente, como la Ley Federal del Trabajo (LFT), establece los derechos, pero también estos también se generan por la costumbre, explicó Oscar de la Vega. “Si el contrato dijera que el aguinaldo equivale a 20 días de salario, pero por años han recibido 40 días, es un derecho adquirido”.
Los derechos laborales son irrenunciables, recuerda. Al menos los mínimos. La LFT señala que el aguinaldo no podrá ser menor a 15 días de salario. El que perciben los funcionarios públicos es superior a la ley, en ese sentido podría haber una negociación para reducirlos, pero “con consentimiento de las partes” y a futuro, o sea, el de 2021. No el que ya generaron este año.
En el decreto, el presidente informa que va a “reintegrar” el monto de su aguinaldo a la Tesorería. “Quien lo redactó sabe que es irrenunciable, se entiende que él va a recibirlo y lo va a reintegrar”, indica el doctor en derecho Manuel Fuentes. “Pero les llegará el pago reducido”.
Luego, en la conferencia mañanera el presidente López Obrador indicó que la reducción es voluntaria. No obstante, “lo que establece un decreto es obligatorio”. Por lo tanto, “es inconstitucional, pues invade facultades del Congreso de la Unión para legislar en materia laboral”, comentó Fuentes Muñiz.
La medida afecta principalmente al personal de confianza, dice. Este tipo de trabajadoras y trabajadores han tenido, por muchos años, “una situación limitada” por despidos sin liquidación u horas extras si pago. “El aguinaldo es el único monto extraordinario que perciben”.
El gobierno “hace una distinción con los militares, pues no les reduce su aguinaldo”. No puede establecerse una diferenciación entre los servidores castrenses y los civiles, subrayó.
¿Y los sindicatos?
Una de las promesas de este gobierno federal ha sido terminar con los privilegios de las élites. Pero el aguinaldo “no es un privilegio, es un derecho”, apuntó Manuel Fuentes. Y lo es “para el trabajador más modesto y para el de más alto rango. Es un derecho mínimo no se puede anular”.
Si los funcionarios de la 4T hablan de la justicia social, “los derechos laborales son justicia social”. Y el hecho de que esté plasmado en la ley es justamente para evitar que funcionarios públicos o cualquier otro empleador los desconozcan, añadió.
Es simplemente que todos debemos estar sujetos a un Estado de derecho, consideró Oscar de la Vega. Para el especialista en derecho laboral y económico “es preocupante que estamos a merced de voluntades políticas y opiniones subjetivas de lo que puede ser justo o no”.
Esta situación puede genera una incertidumbre jurídica “muy peligrosa” en todos los sectores, asegura. Tanto inversionistas como empleados de todos los niveles necesitan certeza de que “vamos a coexistir en la certeza jurídica”.
Lo que esto provocará, advierte, es que haya una fuga de talentos del gobierno federal, que personal competente tenga que buscar nuevas alternativas. Sin embargo, debido a la pandemia, en el mercado laboral hay mucho desempleo.
“Muchas empresas estamos renegociando condiciones para futuro”. La ventaja, sostiene, es que otorgan una mayor certeza de los beneficios que tendrán y que serán respetados, ya sea si cuenta con un contrato colectivo de trabajo o uno individual.
Y a todo esto, dice Oscar de la Vega, se requiere de una mayor movilización de los sindicatos. Los servidores públicos tienen también el derecho a la sindicalización y esos gremios deberían tener una fuerte presencia en este momento. Pero el “reacomodo político”, una reforma laboral, una pandemia, la división entre trabajos esenciales y no esenciales, los ha tenido alejados de las bases.
“Estábamos más preocupados por la subsistencia, que se nos olvidó que la reforma traía su propia de la ley trae su propia inercia”, asevera.
