El Congreso aprobó una ley para prohibir que “aquellos que demanden, exalten o aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua” sean candidatos en las elecciones de 2021
El Parlamento de Nicaragua, controlado por el oficialismo, aprobó en tiempo récord una polémica ley que cierra el espacio de competencia electoral para el 2021 a quienes promuevan sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega, quien se postulará para un cuarto mandato consecutivo.
La ley de “Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, promovida por Ortega, que apunta a sus críticos opositores, fue aprobada el día de ayer 21 de diciembre, con 70 votos a favor, 15 en contra y 4 abstenciones. El proyecto fue presentado hace cuatro días.
Nicaragua celebrará elecciones presidenciales y legislativas en noviembre del 2021, en las que el sandinista Ortega, de 74 años, presumiblemente tratará de extender su permanencia en el poder, al que llegó en el 2007.
La norma establece que “aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua” no podrán optar a cargos de elección popular.
Además excluye a quienes encabecen o financien un golpe de Estado, alteren el orden constitucional, inciten la injerencia de otros países o se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización.
Para la dirigente del bloque opositor Unidad Nacional, Ivania Álvarez, Ortega “está dando muestras de que no quiere un proceso limpio y transparente”, y saca del camino a sus oponentes.
