Para ser candidato a elección popular en México y ocupar un cargo en el gobierno, ya sea presidente, gobernador, presidente municipal, senador o diputado, se requiere cumplir algunos requisitos que nuestra Constitución federal y leyes locales señalan: para ser presidente de la República se pide ser mexicano por nacimiento, hijo de padre o madre mexicanos, estar en pleno goce de derechos, tener mínimo 35 años y haber residido en el país todo el año anterior al día de la elección (CPEUM, artículo 82). Para otros cargos no cambian mucho los requisitos (según la entidad de la que se trate) y se pide estar inscrito en el Instituto Nacional Electoral (INE), tener mínimo 25 (senador) o 21 años de edad (diputado). De igual forma, los candidatos deben ser postulados por un partido político o acreditarse como candidato independiente.
Las actividades previas o actuales de un candidato son variadas: ser funcionario público o líder de partido político o académico universitario o deportista o actor de televisión o cómico o ganadero o empresario u obrero, etcétera. Están excluidos los ministros de algún culto religioso, los miembros del Ejército, de la policía y los funcionarios del INE.
Sin embargo, para ser funcionario público y estar bajo las órdenes de un gobernante, se piden otros requisitos, como: currículum vitae (con copias simples de certificados de eventos de capacitación), una hoja de vida actualizada, declaración patrimonial, certificado de no tener impedimento para ejercer algún cargo público, certificado de estudios de bachillerato o profesional, certificado de experiencia laboral y tener “una buena palanca” para ser recomendado.
Ahora que inicia el proceso de registro de precandidatos a elección popular, reaparece el cuestionamiento de qué persona habrá de gobernarnos y qué es lo que garantiza que tenga un buen desempeño en su trabajo y no continúe con la consabida incompetencia y deshonestidad de muchos de ellos.
Generalmente, para elegir a una persona para un puesto de trabajo, se busca que se ajuste al perfil del puesto a ocupar. No es suficiente su motivación y honradez. Un sacerdote no debiera desempeñarse como policía, ni el policía experto ser perdonador de pecados. Los profesionales de la psicología, en el escenario de recursos humanos, saben que es necesario entrevistar a un aspirante a cualquier puesto de trabajo; hacer un estudio psicológico completo del candidato, lo que implica un examen de conocimientos, aplicación de ‘tests’ y pruebas psicológicas, polígrafo, estudio ‘antidoping’ (médico) y evaluar destrezas o competencias específicas. Así, todo candidato debe estar preparado en su totalidad, profesional, moral y personal.
Existen procesos de evaluación y selección de personal muy sencillos, como el contratar a un empleado de abarrotes, de farmacia o quienes se desempeñarán como diputado o miembro de un cabildo municipal. Pero también existen puestos que requieren mayor competencia, preparación y responsabilidad para desempeñar sus funciones laborales y es necesario realizar el proceso señalado anteriormente, además de utilizar sistemas de inteligencia artificial, reconocimiento facial de emociones, lenguaje y tono de voz, análisis de personalidad, evaluación de su perfil de redes sociales y hasta aplicar ‘tests’ de control de confianza, utilizando distintas pruebas que evalúan el comportamiento de un aspirante y sus niveles de confianza. Esta última opción se aplica para algunos cargos directivos en empresa, altos funcionarios de gobierno, policías y conductores de transporte público federal.
La conclusión es que no todos tenemos la aptitud y capacidad para conducir una unidad de transporte público (Qrobús), pero cualquiera tiene la posibilidad de desempeñar un cargo de elección popular.
* Presidente del Colegio Estatal de Psicólogos de Querétaro, AC, y Psicólogo clínico adscrito al Hospital General del IMSS-Querétaro.
