Organizaciones sociales alertaron sobre casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidas dentro de los penales privados que funcionan en México
Organizaciones sociales expresaron una grave preocupación por la estrategia llevada a cabo desde el gobierno federal con respecto a los centros de reinserción social por Contrato de Prestación de Servicios, pues expresaron el peligro de señalar estos centros como “hoteles de lujo”, ya que lleva a desviar la conversación de la realidad del sistema penitenciario en México.
Aunque los organismos defensores de Derechos Humanos reconocieron la intención del gobierno de hacer pública la información sobre los contratos millonarios hechos para construir y operar estos centros, después de 9 años en la opacidad, destacaron que si en efecto, el gobierno federal buscará dar un término anterior a los contratos que se generaron en 2010, quedan aún interrogantes muy importantes sobre el uso y efecto de los CPS.
Además de advertir el peligro de señalar estos centros como “hoteles de lujo”, pues la realidad es que a su interior se ha documentado tortura sistemática, abuso de prisión preventiva, reincidencia delictiva, violencia sexual, violencia institucional contra las mujeres, personas de la comunidad LGBTTTQI+ olvidadas, hacinamiento, autogobierno, falta de condiciones de vida digna, víctimas de abuso y las miles de personas que por los traslados masivos han sido alejadas de sus familias.
A través de un comunicado, decenas de organizaciones sociales como Asistencia Legal por los Derechos Humanos AC ASILEGAL; Fundación Mexicana de Reintegración Social, Reintegra AC Interculturalidad, Salud y Derechos A.C. INSADE; el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, entre otros, añadieron que durante los últimos dos años bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, se han cerrado 5 de los Centros Federales de Reinserción Social más grandes del país: Islas Marías, Puente Grande, Sureste de Huimanguillo, Norte de Ciudad Juárez y Matamoros.
Por lo que estos cierres parecen atender a un foco del que el gobierno federal no ha querido bajar el dedo del renglón: “se necesitan ocupar los CPS pues se están pagando extraorbitantes cantidades de dinero público para su operación y uso, cuando hay pocas personas privadas de libertad dentro de ellos”.
Sin embargo, destacaron que la inversión destinada a los CPS no ha contribuido a garantizar derechos humanos: en todos los CPS hay insuficiencia de personal de seguridad y custodia, y en 7 de los 8 centros existen deficiencias en los servicios de salud.
Además de quedar el vilo el papel del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNPT) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para poder acceder a los centros y generar información sin opacidad de los mismos, atender sus recomendaciones y también la de organismos internacionales como el Sub Comité contra la Tortura de la ONU (CAT) en 2019. Misma que en su documento público, mostró los graves rezagos que se deben atender, así como el inequívoco señalamiento de la tortura como una práctica sistemática en las prisiones del país.
En tanto, mientras el problema advertido por el gobierno federal es que a los CPS se les otorgaron contratos con 20 años de duración y para cumplir con los 11 años restantes comprometidos por el gobierno, se estaría pagando un total general de 266 mil 300 millones de pesos.
Las organizaciones también señalan que estos centros se han mantenido al margen de sus capacidades tanto de cantidad de personas como servicios presentados, por lo que se han llevado a cabo más de 3500 traslados de personas privadas de libertad de diferentes centros del país hacia ellos.
Los traslados, además de generar situaciones de extrema vulnerabilidad para abusos de derechos humanos, causan la transferencia de la pena a sus familiares: ellas y ellos son quienes seguido se ven afectados por los costos para hacer visitas, dar víveres o, en los peores casos, la desaparición, tortura y falta de información de la persona privada de libertad.
“Sin embargo, desde la sociedad civil queremos resaltar que si bien la temática de la corrupción es importante, no debe de soslayar de ninguna manera los atropellos y abusos de derechos humanos que suceden cotidianamente en dichos centros privados, CPS. Los centros penitenciarios no son hoteles de gran lujo, son mecanismos institucionales en los cuales miles de personas sufren atropellos graves a su dignidad humana, sin importar el presupuesto que se le destine”, subrayan.
Recordaron que la CNDH en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de 2019, registró que en todos los CPS hay “insuficiencia de personal de seguridad y custodia”; en 7 de los 8 centros existe “deficiencia en los servicios de salud”; en 7 de los 8 centros no hay suficientes actividades laborales, de capacitación o educativas; y en 3 de los 8 hay una “inadecuada vinculación de la persona privada de libertad con la sociedad”.
“Todos estos rubros mencionados específicamente atienden a la reinserción social de las personas, la cual dentro de los CPS no parece ser importante, aunque ese sea el fin último del sistema penitenciario mexicano”, lamentaron.
Mientras que estos mismos centros, como bien lo expusieron activistas, litigantes e incluso el Instituto de Defensoría Pública Federal (IFDP), han incurrido en violaciones de derechos humanos que caen en las peores expresiones de tortura sistemática que existen en el país.
El IFDP, de hecho, declaró que “los Ceferesos creados por inversión privada son los peor calificados o los más violentos en el Sistema Penitenciario Federal”. Mujeres a las que se les niega el acceso a cualquier tipo de servicio sanitario, restricciones de agua y obligación a beberla de los mingitorios, tortura a través de control de sonidos y luz, depravación de sueño, técnicas despersonalización y de sometimiento, entre otras cosas, se han revisado en amparos señalando más de uno de los CPS.
