Lorenzo Córdova prevé que al término del periodo electoral de 2021, el INE evaluará el impacto de la nueva realidad demográfica del país para determinar la nueva redistritación federal
Debido a que estados como Nuevo León, Baja California, Puebla, Yucatán y Querétaro han incrementado su población en términos relativos, y en otras entidades esta ha disminuido, existe la posibilidad de que esto se traduzca en una nueva redistritación electoral, previó el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.
Abundó en que tal situación significa que, para la organización de las futuras elecciones, el incremento poblacional observado entre los Censos de Población y Vivienda de 2010 y 2020 tendría un impacto electoral y propiciaría que algunos distritos electorales excedan el porcentaje de población permitida respecto de la media nacional.
Asimismo refirió que la cifra actualizada de 7.4 millones de personas que se autoadscriben como indígenas es relevante para determinar lo que establece la ley en la materia, en el sentido de maximizar la determinación de distritos electorales, además de que, el Censo 2020, advierte una disminución de esta población en la última década.
“Lo anterior implica que, al término del periodo electoral de 2021, después de haber organizado, estamos seguros, exitosamente la elección más grande de la historia, el INE ejercerá su atribución exclusiva y evaluará el impacto de la nueva realidad demográfica del país para determinar, con base en las metodologías y herramientas disponibles, así como con la activa participación de los partidos políticos y expertos en demografía, la nueva redistritación federal y las redistritaciones locales correspondientes”, anticipó.
Lorenzo Córdova recordó que actualizar la geografía electoral del país mediante el trazo de los distritos electorales uninominales, tanto a nivel local como federal, es una atribución del INE que debe realizarse de manera periódica, con base en los resultados definitivos del censo, con la finalidad de que los movimientos demográficos al interior de una entidad, entre estados e, incluso, fuera del país, no afecten la representación política.
