La falta de claridad en la asignación de las escasas vacunas disponibles en México para enfrentar el Covid-19, aunada al sospechosismo inherente al ADN de los mexicanos, ha provocado dudas y desconfianza… y motivos, para ello, han sobrado.
Por un lado, el Grupo Técnico Asesor de Vacunación (GTAV) Covid-19 ─creado en agosto del año pasado, por recomendación de la OPS/OMS, para asesorar a la Secretaría de Salud federal y al Centro Nacional de Atención para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA) sobre el uso en humanos en México de vacunas Covid-19 con registro sanitario en el país─ propuso una estrategia de asignación de vacunas instrumentada en fases, a partir de edad, comorbilidades y ocupación; y basada en el criterio de “mayor beneficio”, con el objeto de disminuir las muertes y la carga de enfermedad, aminorar los trastornos sociales y económicos; además de proteger el funcionamiento continuo de servicios esenciales.
Los criterios, plasmados en “Priorización inicial y consecutiva para la vacunación contra SARS-CoV-2 en la población mexicana. Recomendaciones preliminares” (24 de diciembre de 2020), fueron: A. Trabajadores de salud, B. Adultos mayores de 80 años (con y sin comorbilidades), C. Adultos entre 70 y 79 años (con y sin comorbilidades), D. Adultos entre 60 y 69 años (con y sin comorbilidades), E. Adultos entre 50 y 59 años (con y sin comorbilidades), F. Adultos entre 40 y 49 años (con y sin comorbilidades) y G. Resto de la población.
El documento del GTAV detalla que la mayoría de los ejercicios de priorización contemplan las siguientes categorías: 1) trabajadores de salud, 2) personas en riesgo de enfermedad sintomática y gravedad y 3) trabajadores esenciales entre los que incluye a personal de salud con bajo riesgo de exposición; al que mantiene el orden público (policía, guardia nacional, personal de emergencia y de protección civil, bomberos, rescatistas, ejército y marina); transporte público; transporte de alimentos; trabajadores agrícolas; trabajadores del sistema de limpieza; trabajadores del sistema de electricidad, de agua y telecomunicaciones; personal del sector educativo; e incluso líderes gubernamentales del nivel necesario para mantener la estabilidad política.
Pero, en la “Política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México”, si bien el gobierno federal consignó que la prioridad sería, en orden de prelación: 1. Personal sanitario que enfrenta Covid-19, 2. Adultos mayores, 3. Personas con comorbilidad o comorbilidades, 4. Personal docente de las entidades federativas en semáforo epidemiológico verde y 5. El resto de la población (mayor a 16 años); ordenó iniciar inmunizando a tres millones de personas adultas mayores que residen en áreas rurales, para gradualmente continuar con ciudades de pequeño y mediano tamaño hasta llegar a las áreas metropolitanas; y en entidades con semáforo de riesgo epidémico en verde, el personal docente sería un grupo prioritario a inmunizar.
En Querétaro ─por ejemplo─ optó por los adultos mayores de Amealco, Landa de Matamoros y Arroyo Seco; municipios en donde se habían registrado en total 195, 68 y 64 casos de Covid-19, respectivamente, pero ¿por qué no en Pinal, con 115 casos; o Peñamiller con 72? ¡Y de los 36 mil 873 en Querétaro, ya mejor ni hablamos!
Y ya sobre la marcha, la semana pasada, el presidente López Obrador dijo que también tenían que ser vacunados primero los deportistas que nos van a representar en los Juegos Olímpicos… incluso, mencionó, antes de la población con enfermedades crónicas y menor de 60 años:
“A todos ellos los tenemos que vacunar, y si se necesitan las dos dosis, y lo tenemos que hacer también ya, porque se acerca el tiempo. Y luego tenemos a toda la población con enfermedades crónicas menor de 60 años, hipertensos, diabéticos, los que padecen de obesidad, de otras enfermedades, que debe de ser atendidos, y toda la población”.
De nada sirvió pues que el GTAV advirtiera sobre la importancia de comunicar correctamente a la población ─con un lenguaje sencillo y transparente─ la estrategia de vacunación para evitar inconformidad: “Las comunicaciones cruzadas generan duda y escepticismo ante un proceso que requiere la más absoluta confianza y certidumbre en las acciones de gobierno”.
