De los siete criterios establecidos, la sede de Ezequiel Montes no solventó uno, ya que se trata de una región cubierta por el programa a cuando menos 50 kilómetros de distancia del lugar más cercano donde se dispone de oferta educativa de tipo superior
Para la edificación de una sede de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, en el municipio de Ezequiel Montes, estado de Querétaro, el Gobierno de México otorgó en 2019 un subsidio de 14 millones 326 mil 200 pesos; sin embargo, la solicitud para este propósito no cumplió los criterios para acceder a los recursos mencionados.
Lo anterior se desprende de la fiscalización realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a los subsidios orientados a la instalación y rehabilitación de dichas universidades, que forma parte de la tercera entrega de resultados de la auditoría a la cuenta pública 2019.
El documento precisa que, de los siete criterios establecidos, la sede de Ezequiel Montes no solventó uno, ya que se trata de una región cubierta por el programa a cuando menos 50 kilómetros de distancia o tres horas de viaje del lugar más cercano donde se dispone de oferta educativa de tipo superior.
De acuerdo con el informe, el plantel no cuenta con un modelo arquitectónico y estructural, por lo que el Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (OCUBBJG) requiere fortalecer sus mecanismos de control para asegurar la correcta aplicación de los recursos del programa.
En cuanto a los criterios para la instalación de la sede en el municipio en cuestión, no se cumplió con los ocho puntos establecidos, ya que no tiene una población hablante de lengua indígena mayor o igual al 10 por ciento, su grado de marginación es bajo y carece de información disponible sobre el porcentaje de atención a solicitudes de ingreso a educación superior.
Con respecto al seguimiento y supervisión de los subsidios otorgados, la ASF identificó que el plantel de Ezequiel Montes no tuvo observaciones, comentarios y propuestas realizadas por la Comisión de Supervisión para llevar a cabo una administración más eficaz, eficiente y transparente de los recursos.
