Algunos aspectos del modelo de salud para el Bienestar (Sabi), que el gobierno federal ha implementado para atender a personas que no cuentan con seguridad social, tienen importante relevancia con la salud mental, particularmente con el desempeño de los profesionales y no profesionales de la psicología.
Hace unos días se publicaron los detalles de dicho programa en el que se señala la figura de gestores comunitarios que tendrán bajo su cuidado la promoción de la salud mental y la atención de la violencia y adicciones, y la función de prevenir, diagnosticar, atender o referir a las personas que presenten dichas problemáticas o enfermedades. Estos gestores comunitarios serán capacitados de manera continua, contratados como asalariados y podrán contar mínimo con estudios de primaria y, preferentemente, serán integrantes de la misma comunidad que atenderán. Se trata de ofrecer durante este año, en algunos estados del país, servicios gratuitos de manera gratuita, digna, oportuna y eficaz, contando con una primera evaluación el próximo año.
Se dice que los gestores comunitarios, en coordinación con especialistas, podrán ofrecer tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos de acuerdo con las necesidades de los habitantes de su comunidad. Si usted está sorprendido de lo que lee, imagine mis dudas al respecto, a pesar de hacer una lectura rápida al documento general del programa.
Tal iniciativa ha generado una gran oportunidad para prestar servicios de salud mental (psicoeducación) a sectores marginados y desprotegidos, pero también serias dudas en cuanto a la falta de profesionalización del trabajo y el riesgo de seguir desestimando la intervención de los verdaderos profesionales en salud mental desde una perspectiva ética, competente y científica.
Si bien el programa de capacitación de Gestores de Participación Social en Salud tuvo sus inicios en diciembre de 2019, avalado por la Organización Panamericana de Salud (OPS), la intención de cumplir parámetros de la Atención Primaria en Salud (APS) ha hecho que se retomen modelos vigentes desde hace más de 40 años. Tan solo recordemos las acciones de salud comunitaria llevadas a cabo por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS-COPLAMAR, 1979) en comunidades rurales e indígenas y que ahora lleva el nombre de IMSS-BIENESTAR; el Programa de Servicio Social Comunitario de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), desde los inicios de 1980, en comunidades rurales de la Sierra Gorda Queretana; y programas de salud mental comunitaria que Bolivia emprendió desde el año 2010 para contener secuelas de violencia y tortura en comunidades indígenas, el cual, me parece, tiene similares objetivos al Sabi (México, 2019). Los promotores comunitarios en Salud mental también están presentes en Argentina (2016), quienes cuentan con herramientas teóricas y prácticas para mejorar la calidad de salud mental en los barrios citadinos, muy a pesar del desconcierto de muchos psicoterapeutas argentinos.
Se trata ahora de incorporar con mayor presencia la atención a la salud mental (trastornos mentales, trastornos psicológicos, violencia, adicciones, suicidio) con la participación de personas de la comunidad y estudiantes universitarios, lo que también generará una actualización en los planes de estudio de las universidades, pues la formación de las y los psicólogos contempla el desarrollo de habilidades clínicas y no las competencias para el servicio psicoterapéutico de estas problemáticas.
Por otra parte, como lo señalaba en anteriores colaboraciones de Saber de-mente los prejuicios por consultar a un psicólogo limita la atención de trastornos psicológicos por la pandemia, imaginemos cómo será en poblaciones marginadas en donde las costumbres y tradiciones culturales ven con mejores ojos al chamán y al curandero.
La salud mental sigue siendo todo un reto para el gobierno mexicano, el actual y los que vengan.
* Psicólogo clínico (UAQ), coordinador de área en Salud Mental y Psicológica de IXAYANA y psicólogo clínico adscrito al Hospital General Regional del IMSS-Querétaro.
