El Congreso del Estado de Querétaro avaló reformas para prevenir la obesidad y garantizar una alimentación nutritiva, sana y suficiente para la población infantil
Con los votos en contra de los diputados locales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Congreso Local la Iniciativa de ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la “Ley de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Querétaro”, la “Ley de Salud, la Ley de Educación del Estado de Querétaro” y la “Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Querétaro” a fin de prevenir la obesidad y el sobrepeso en ese sector de la población y garantizar el goce de una alimentación nutritiva, sana y suficiente.
Laura Polo Herrera, diputada local del Morena, detalló que la iniciativa que presentó junto con su compañero Mauricio Ruiz Olaes fue mutilada pues se excluyeron las propuestas relacionadas con la prohibición expresa de entregar o vender comida chatarra a menores de edad.
Consideró que no se ha garantizado la disminución del consumo de estos productos en ese sector poblacional y por el contrario sigue en aumento.
Destacó que la iniciativa que ellos propusieron tiene como finalidad resolver los problemas de salud que implican para la infancia el consumo de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico, ya que causan obesidad infantil, sobrepeso, diabetes y otras enfermedades que merman la calidad de vida e incluso ocasionan la muerte.
🏛Sesión de Pleno de la LIX Legislatura.
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Durante la primera sesión de pleno de este jueves, también se aprobó por unanimidad la iniciativa de ley que reforma el artículo 37 de la “Ley de Protección Animal del Estado de Querétaro” que tipifica como conducta cruel las mutilaciones, como el corte de orejas o cola, la sección de cuerdas vocales o la extirpación de uñas o dientes que no tengan fines curativos o médicos, añadiendo así al catálogo de conductas prohibidas.
Finalmente se aprobó exhortar al titular del Instituto Queretano del Transporte (IQT) para que se coordine con las autoridades estatales y municipales y se implemente un programa de inspecciones, a fin de combatir los taxis que operan sin concesión; y así dar certeza jurídica a los prestadores del servicio público de taxi que operan dentro del marco legal aplicable en la entidad.
