Con las abstenciones de México y Argentina, la OEA aprobó una resolución de condena contra el Gobierno de Nicaragua por la detención de opositores al régimen del presidente Daniel Ortega
La Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó “inequívocamente” el arresto de opositores al Gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y pidió su “inmediata liberación”, según una resolución aprobada la tarde de ayer.
La decisión, rechazada de plano por el delegado de Managua, fue adoptada por 26 de los 34 miembros activos del bloque regional durante una sesión extraordinaria virtual del Consejo Permanente de la OEA, su órgano ejecutivo.
Además de Nicaragua, votaron en contra Bolivia y San Vicente y las Granadinas, en tanto Argentina, Belice, Dominica, Honduras y México se abstuvieron.
El Consejo Permanente de la OEA resolvió “condenar inequívocamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los precandidatos presidenciales, a los partidos políticos y a los medios de comunicación independientes, y pedir la inmediata liberación de los precandidatos presidenciales y de todos los presos políticos” en Nicaragua, indicó el texto.
Además, expresó su “grave preocupación” por el hecho de que el gobierno nicaragüense no haya implementado en mayo de este año las reformas electorales para garantizar la transparencia de los comicios previstos para el 7 de noviembre, un plazo que había sido fijado por la Asamblea General de la OEA en octubre pasado.
La resolución, patrocinada por Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay y Perú, fue también respaldada por Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Colombia, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela (representada por un delegado del líder opositor Juan Guaidó).
México y Argentina expresaron su desacuerdo “con los países que, lejos de apoyar el normal desarrollo de las instituciones democráticas, dejan de lado el principio de no intervención en asuntos internos”. Es decir, ambos países ponderan más la no intervención sobre los derechos humanos.
