La Comisión de Acceso a la Información y Rendición de Cuentas del Congreso Local avaló hacer públicas las sentencias emitidas por el Poder Judicial del Estado de Querétaro
Las diputadas que integran la Comisión de Acceso a la Información y Rendición de Cuentas del Congreso Local aprobaron homologar las obligaciones del Poder Judicial del Estado de Querétaro y difundir las versiones públicas de las sentencias emitidas, por lo que se reformó la fracción II del artículo 69 de la “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado”.
Sobre el tema la presidenta de la comisión, Leticia Rubio Montes, refirió que con esta reforma el Poder Judicial del Estado de Querétaro habrá de poner a disposición de la ciudadanía las versiones públicas de todas las sentencias emitidas, protegiendo los datos de las personas involucradas; consolidando así el derecho de las y ciudadanos a la información respecto al principio de máxima publicidad de las resoluciones.
🏛 La Comisión de Acceso a la Información aprueba la obligación del Poder Judicial a difundir las versiones públicas de las sentencias emitidas.
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— LEGISLATURA QUERÉTARO (@Legislatura_Qro) June 21, 2021
Recordó que con esta iniciativa, en febrero entró en vigor la reforma al artículo 73 de la “Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública” relacionada con la publicidad de las sentencias judiciales estableciendo que la legislaturas de los estados deben dar cumplimiento de armonizar la legislación estatal al respecto; si bien ya existe la obligación de publicar las sentencias se establece que la disposición se refiere a aquellas sentencias que sea de interés púbico concepto que genera incertidumbre de las que ameritan su publicación”.
Con la aprobación de esta reforma, dijo, además de dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad federal se coadyuva en la generalización de información sustentada y oficial y se mantiene actualizado el andamiaje jurídico que permite garantizar los derechos de las y los queretanos en materia de acceso a la información pública.
La iniciativa refiere que el Congreso de la Unión y los congresos de las entidades federativas, tendrán un plazo de 180 días, contados a partir de la publicación del decreto, para realizar las adecuaciones normativas correspondientes.
