El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, emitió un decreto para expropiar más de 109 hectáreas de terrenos privados para la construcción del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”
Por medio de un decreto presidencial, el Gobierno de México expropió más de 109 hectáreas de terrenos de propiedad privada para la construcción del Aeropuerto Internacional Civil y Militar “General Felipe Ángeles”, el cual estará ubicado en la zona de Santa Lucía, Estado de México.
Dicho decreto presidencial, publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), establece que las más de 109 hectáreas de terrenos privados serán expropiadas a favor de la Federación con destino a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la cual se está encargando de la construcción de esta terminal aérea.
La zona expropiada incluye el Ejido de Santiago Atocan, ubicado en el municipio de Nextlalpan, Estado de México; el Ejido de San Lucas Xoloc, situado en el municipio de Zumpango, Estado de México; el Ejido de Xaltocan, ubicado en los municipios de Nextlalpan y Tecámac, Estado de México; el terreno “La Franja”, situado en el municipio de Nextlalpan, Estado de México; un polígono y una zona más también en el municipio de Nextlalpan, Estado de México.
“La expropiación (…) incluye las construcciones e instalaciones que se encuentren en el propio terreno y que formen parte de la misma. El Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de la Defensa Nacional procederá de inmediato a tomar posesión definitiva de los bienes materia de expropiación”, establece el documento firmado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Asimismo, el decreto presidencial instruye a la Sedena para que “con cargo a su presupuesto” pague el monto de la indemnización a quienes acrediten “su legítimo derecho”, de acuerdo con los estudios emitidos por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
El documento precisa que el monto del avalúo de la indemnización será notificado a los interesados en un periodo de 15 días posteriores a la fecha de publicación del decreto presidencial.
