La llamada ‘Ley Trans’ permitirá a la persona que lo desee cambiar su nombre y género en su documentación, si así lo requiere, sin tener que facilitar informes médicos ni seguir un tratamiento hormonal
Todo ciudadano español de al menos 16 años, incluso desde los 14 y bajo ciertas condiciones, podrá cambiar la mención de su sexo en el registro civil con solo pedirlo, según un anteproyecto de ley adoptado el martes por el gobierno, que deberá someterse al Parlamento.
El proyecto, que creó fuertes tensiones en la coalición de gobierno entre los socialistas de Pedro Sánchez y su aliado minoritario de izquierda radical Podemos, convertiría a España en uno de los pocos países en Europa que permiten la autodeterminación de género.
La ministra de Igualdad y dirigente de Podemos, Irene Montero, dijo que el proyecto permitirá “garantizar la igualdad real y efectiva de las personas trans”, así como “una batería importante de derechos para las personas LGTBI, que actualmente están siendo vulnerados”.
De acuerdo con una versión preliminar del proyecto a la que tuvo acceso AFP, “toda persona de nacionalidad española mayor de dieciséis años podrá solicitar por sí misma ante el Registro Civil la rectificación de la mención registral del sexo”.
Por tanto, esta ley permitirá a la persona que lo desee cambiar su nombre y género en su documentación, si así lo requiere, sin tener que facilitar informes médicos ni seguir un tratamiento hormonal.
Tres meses
“Reconocemos por tanto el derecho a la libre determinación de la identidad de género, acometemos la ‘despatologización’, es decir, las personas trans ya no van a ser consideradas enfermas en nuestro país”, explicó Montero, gran defensora de la autodeterminación de género.
Fue este punto en particular el que hizo explotar las tensiones dentro del gobierno: la número dos del ejecutivo, la socialista Carmen Calvo, había dicho en febrero que le preocupaba la idea de “pensar que se elige el género sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles”.
La autodeterminación de genéro es una cuestión que se ha “complicado” en estos últimos años debido a las “voces contrarias”, subraya Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales.
Estas corrientes proceden, según explica la activista a la AFP, de un “feminismo exclusivo”, en oposición a la visión inclusiva que defiende los derechos de los transexuales.
Ese feminismo, para Sangil, “se acerca más al discurso de la ultraderecha que a las voces de la izquierda”.
Acusación que refuta Tasia Aránguez, miembro del colectivo feminista “Contra el borrado de las mujeres”, que denuncia una ley “desprovista de garantías jurídicas”, y que podría por ejemplo permitir “que hombres con antecedentes penales de agresión sexual puedan cambiar de sexo registral”.
Por ello, Aránguez demanda que se mantenga la obligación de un diagnóstico médico.
Los dos socios de gobierno acabaron por entenderse gracias a la inclusión de un plazo de tres meses entre la formalización de la solicitud y su validación por el demandante, para que pueda confirmar su decisión de cambiar de género.
“En el plazo máximo de tres meses desde la fecha de la comparecencia y solicitud de rectificación inicial, la persona encargada del Registro Civil deberá citar a la persona legitimada para que comparezca de nuevo y ratifique su solicitud, aseverando la persistencia de su decisión”, estipula el anteproyecto de ley.
El texto prevé igualmente abrir esta posibilidad para los jóvenes de 14 a 16 años si están acompañados a lo largo del proceso por sus representantes legales.
Dentro de la Unión Europea, los derechos de las personas trans siguen siendo muy variables
En 2014, Dinamarca fue el primer país europeo que concedió el derecho a la autodeterminación de la identidad de las personas transgénero.
Francia, que se convirtió en 2010 en el primer país en el mundo en sacar la transexualidad de la lista de enfermedades psiquiáticas, autoriza desde 2017 la modificación del estado civil sin tener que “justificar tratamientos médicos, operación quirúrgica o esterilización”, pero a través de un proceso en los tribunales.
Con información de El Economista
