El caso más emblemático es el de Judith Miller, quien en 2005 pasó casi tres meses en prisión porque no quiso revelar datos en un caso de divulgación de la identidad de un policía de la CIA
El gobierno de Joe Biden prohibió a los fiscales federales de Estados Unidos usar órdenes o citaciones judiciales para identificar las fuentes de los periodistas, después de que se revelaran esfuerzos de esa naturaleza bajo el expresidente Donald Trump.
“El Departamento de Justicia ya no utilizará el proceso legal obligatorio con el fin de obtener información o registros de miembros de los medios de comunicación relacionados con sus actividades de recopilación de noticias”, escribió el fiscal general, Merrick Garland.
La nueva norma también aplica para la difusión de información clasificada, precisó, lo cual representa un gran cambio exigido durante años por las asociaciones que defienden la libertad de prensa.
Los fiscales, sin embargo, conservan el uso de su arsenal legal contra los sospechosos de ser la fuente de filtraciones de información confidencial.
La directiva prevé algunas excepciones: si se sospecha que el periodista ha cometido un acto ilegal, por ejemplo, tráfico de información privilegiada, o ha utilizado un método prohibido, como la intrusión en sistemas protegidos; o si es para evitar la comisión de un hecho grave, como secuestros o atentados.
