El líder estatal de la Coparmex en Querétaro, Jorge Camacho Ortega, advirtió que la nueva regulación de la subcontratación “se puede venir abajo” por la falta de una nueva prórroga para el sector privado
Jorge Camacho Ortega, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Delegación Querétaro, indicó que a nivel nacional, hasta este miércoles, alrededor de 106 mil empresas han iniciado su trámite ante el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE); pero solo 48 mil 444 han obtenido dicho registro de un universo aproximado de 130 mil empresas, lo que supondría posibles cierres de estas y como consecuencia el poner en riesgo 800 mil empleados que pudieran no ser contratados directamente por la empresa o bajo otros esquemas con menores prestaciones hacia los trabajadores, por ejemplo, el de honorarios.
En ese sentido, el presidente lamentó que no se haya otorgado a las empresas privadas una nueva prórroga para la implementación de la nueva Ley de Subcontratación, plazo que sí se otorgó al sector público hasta el 1 de enero de 2022; al destacar que ha sido la primera reforma que se negoció entre el gobierno federal, la iniciativa privada, el sector social y los sindicatos y que por no dar tiempo suficiente “se puede venir abajo”.
“Las empresas que no están registradas en el REPSE no pueden dar servicios de subcontratación, entonces estás destinando a la empresa a que cierre, porque al día de hoy estaría en violación a la ley; por otro lado, los empleados que estaban subcontratados no todos han pasado a las nóminas de las empresas, se estima que todavía existen cerca de 800 mil empleados que aún no están registrados en el IMSS y ante esto hay varias alternativas: que no van a ser contratados por la empresa o que sean contratados bajo otro esquema, es decir, por honorarios por lo que perderían prestaciones sociales”.
El presidente subrayó que aún no existen datos por entidad federativa, sin embargo, estimó que en el ámbito local alrededor de un 60 por ciento de las empresas han podido concluir su trámite con éxito; mientras que el 40 por ciento restante, está en riesgo de recibir sanciones de hasta cuatro millones de pesos por tener temas pendientes con el Infonavit, Servicio de Administración Tributaria (SAT) o el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que les impide tener su registro.
