Según el Índice de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías (IEDF) 2021 de la organización Impunidad Cero, el número de fiscales y agentes del ministerio público en el país por cada 100 mil habitantes ha incrementado en un 23 por ciento del 2016 al 2020; lo que ha generado una baja del 12.6 por ciento en la carga de trabajo por agente del fiscal.
De acuerdo con el reporte, sin embargo, esta disminución está vinculada con una reducción del 12 por ciento -de 2019 a 2020- en el número de investigaciones iniciadas; lo que no necesariamente -advierte- representa un descenso en la incidencia delictiva, en virtud de que los delitos que no fueron denunciados e investigados aumentaron un punto porcentual en ese periodo, debido quizá a la contingencia sanitaria por el Covid-19, el confinamiento y la carencia de otras vías para presentar denuncias (aunque, subraya, algunas fiscalías instrumentaron plataformas digitales para ello).
Por otro lado, el índice reflejó un aumento del 12.4 por ciento en la confianza hacia las instituciones responsables de procurar justicia; sin embargo, también arrojó una baja en términos reales (del 2.3 por ciento) en el presupuesto per cápita destinado a estas instituciones.
Además disminuyó un 20 por ciento la efectividad en la resolución de los casos y en la probabilidad de esclarecer los delitos; la impunidad en cuanto al homicidio doloso continúa en niveles del 90 por ciento.
En este contexto nacional, la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ) fue ubicada en la sexta posición del IEDF 2021, con un puntaje del 56.4; Nuevo León ocupó el primer lugar con 68.6; y Puebla el último, con 36 puntos.
En cuanto a la proporción de fiscales o agentes del Ministerio Público (MP) en relación con la población (lo que incide en la carga de trabajo), nuestra entidad está por debajo de la media nacional; al ocupar el lugar 27, con 7.6 fiscales o agentes por 100 mil habitantes (Chihuahua tiene 33.3 y Nuevo León 3.0).
El presupuesto de la fiscalía en la entidad ha aumentado en los últimos años en términos nominales; en 2020, el reporte la coloca en la novena posición con 425.2 pesos anuales per cápita (Ciudad de México encabeza la lista con 767. 2; en tanto el estado que menos recursos destina es Tlaxcala con 174.9).
En relación con la transformación digital – que evalúa la existencia de plataformas para denunciar en línea, entre otros aspectos- , Querétaro aparece en el décimo lugar, con un índice del 77.8 por ciento (Nuevo León tiene 94.4 por ciento y Nayarit cero por ciento).
Asimismo, sobre cuántos casos atiende cada fiscal o agente del MP al año, en el estado el promedio es de 283.3 casos a por, lo que lo coloca en el tercero con más carga de trabajo (En Nuevo León el promedio es de 458.8 y en Campeche de 21.8).
En la entidad, el 29.7 por ciento de los delitos requirieron más de cuatro horas para ser denunciados; mientras que en San Luis Potosí el porcentaje fue de 51.3; y en Sonora el 9.6 por ciento.
La fiscalía con mayor nivel de confianza es la de Nuevo León (19.6 por ciento) y la de Ciudad de México la del menor nivel (4.2 por ciento). En este sentido, la FGEQ obtuvo un 14 por ciento, lo que la situó en el décimo tercer lugar.
La institución con mayor efectividad en el país para resolver los casos es la de Guanajuato (37.4 por ciento), la de Querétaro es la tercera (29.2 por ciento); y la peor, la de Guerrero (3.5 por ciento).
En nuestro estado, la probabilidad de esclarecimiento del delito es del 2.16 por ciento, con lo cual se pone en cuarto sitio; una cifra muy baja, al igual que en el resto del país: en Guanajuato, que encabeza la lista, es del 2.99 por ciento; y en Guerrero, en el último lugar, del 0.10 por ciento.
Respecto a la efectividad en el cumplimiento de órdenes de aprehensión, Querétaro está en la decimoséptima posición. con un índice del 49.2 por ciento; Yucatán presenta el mayor porcentaje (71 por ciento) y Nayarit el menor ( 8.7 por ciento).
Destaca, sin embargo, por estar entre las entidades con menor índice de impunidad en homicidio doloso (48.8 por ciento).
Cabe subrayar que, como parte del estudio, se enviaron solicitudes de acceso a la información a todas las fiscalías y procuradurías del país, así como a los poderes judiciales estatales; y el poder judicial de Querétaro, junto con el de Aguascalientes, no respondió.
