El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó hoy a los consejeros del INE por aplicar “tácticas dilatorias no muy serias” para impedir la realización de la consulta de revocación de mandato
Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) frenara la realización de la revocación de mandato debido a falta de recursos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró -este martes 21 de diciembre- que los ciudadanos podrían organizar por su cuenta dicha consulta en caso de que las autoridades electorales se nieguen a llevarla a cabo.
“Pues es muy buena propuesta. La democracia la hace el pueblo, no los aparatos administrativos. Corresponde al INE hacerlo; además, es un mandato constitucional, pero si se negaran, los ciudadanos podrían hacer la consulta, se organiza el pueblo”, declaró en su conferencia de prensa matutina.
El mandatario mexicano opinó que los consejeros electorales han aplicado “tácticas dilatorias no muy serias” para retrasar la realización de la revocación de mandato con “el pretexto” de tener recursos suficientes para financiar dicho ejercicio democrático.
“Nosotros ganamos la elección por el pueblo, por la gente; esa es la esencia de la democracia: el ciudadano quiere ejercer sus derechos, busca los cambios, que participa, pero hay que esperar lo que revuelva el Tribunal Electoral y luego el Poder Judicial”, agregó.
Asimismo, López Obrador dejó abierta la posibilidad de que sea impulsado un juicio político contra los consejeros electorales del INE por negarse a cumplir con su obligación constitucional de organizar la consulta de revocación de mandato.
“Ahora resulta que los señores de FRENA son más consecuentes, están recogiendo firmas para que haya revocación. Hay que esperar, pero lo que puede hacer la gente, la misma gente, lo que ahora se llama sociedad civil y ahora se conoce como pueblo”, añadió.
Tras la decisión tomada por el Consejo General del INE, el futuro de la revocación de mandato está en el terreno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que deberá resolver distintos recursos legales presentados por la propia autoridad electoral, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y diferentes partidos políticos nacionales.
