José Carlos Rojano Esquivel, especialista en derecho internacional y derechos humanos, aseguró que nombrar perfiles sin trayectoria y sin carrera en el servicio exterior para representar a México“es grave”, debido a que se puede dañar el desarrollo de las tareas diplomáticas
Al nombrar perfiles sin trayectoria y sin carrera en el servicio exterior para representar a México a través de embajadas y consulados, se corre el riesgo de que los países de recepción no otorguen su beneplácito o permiso de ejecución, lo cual “es grave”, debido a que se puede dañar el desarrollo de las tareas diplomáticas, aseveró José Carlos Rojano Esquivel, especialista en derecho internacional y derechos humanos.
Explicó que es una realidad que en el país durante décadas “gente” ha sido premiada o castigada con embajadas o consulados, según el lugar de destino o el personaje, y “este fenómeno es un movimiento político” de control; esto, luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer diferentes nombramientos para las representaciones de México en el exterior, entre ellos, el del historiador Pedro Salmerón como embajador en Panamá; la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, como titular del consulado en Barcelona, y la del exgobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa, como titular de la embajada en República Dominicana, ambos personajes políticos emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“Pero ahora estamos viendo este uso político a contentillo del presidente, bueno, falta la aprobación del Senado en cada nombramiento, pero son nombramientos a contentillo de gente que está cercana al presidente de la República, porque le ha prestado algún servicio, o bien, porque se quiere congratular con ciertos personajes de otros partidos políticos y tener este instrumento de control”, apuntó.
Rojano Esquivel refirió que, aunque el Senado avale los perfiles, los países de destino están en su derecho de analizarlos sin plazo formal y, en caso de que no den el visto bueno a los personajes propuestos, México tendría que realizar nuevos nombramientos. Detalló que la función diplomática es político-jurídica y la consular, jurídico-administrativa.
“O inclusive que, habiéndolo aceptado, más adelante estos países de recepción pudieran declarar a esas personas como no gratas ante una actuación muy cuestionable”, agregó.
