El presidente de la Junta de Coordinación Política de la 60 Legislatura, Guillermo Vega Guerrero, aseveró que -como órgano legislativo encargado del proceso de convocatoria y selección- están impedidos para prejuzgar a los aspirantes a la presidencia de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ)
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la 60 Legislatura, Guillermo Vega Guerrero, aseveró que -como órgano legislativo encargado del proceso de convocatoria y selección- están impedidos para prejuzgar a los aspirantes a la presidencia de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ); esto luego de que integrantes del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y a Favor del Estado Laico denunciaron que entre las 18 personas que se postularon para ocupar la titularidad del organismo autónomo existen perfiles anti derechos humanos que no cumplen con el requisito de residencia o que no tienen experiencia en el acompañamiento de víctimas.
Aunque señaló que muchos aspirantes lo han buscado tras el proceso de registro, Vega Guerrero aseguró que tomó la decisión de no recibir a ninguno; ya que dijo puede “representar una ventaja para unos y una desventaja para otros”.
Precisó que pidió al resto de los integrantes de la JUCOPO que se apeguen a la convocatoria y a las entrevistas públicas, que serán el único instrumento para que los aspirantes puedan dar a conocer sus cualidades y planes de trabajo.
“Vamos a estar abiertos a valorar a los 18 aspirantes que a nosotros no nos corresponde prejuzgar sobre su pasado ni sobre lo que se diga de ellos; lo que nos importa es ver que cumplan los requisitos que marca la ley y, dos, que al exponer el día cuatro, siete u ocho de febrero su plan de trabajo generen una convicción de que tienen la cualidad y la capacidad para encarar un cargo bien importante para todos los queretanos”, apuntó.
Vega Guerrero recordó que en este momento, la JUCOPO se encuentra en proceso de revisión “minucioso” de los expedientes entregados por parte de los aspirantes y enfatizó que investigarán que el documento que acredita la residencia en el estado tenga validez legal, pues refirió se tiene como antecedente el caso de la presidencia del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) que fue revocado por incumplir con el requisito de residencia efectiva.
