Las autoridades de Baja California y el Gobierno federal deberán esclarecer el artero homicidio de la periodista Lourdes Maldonado López; paralelamente, el caso debe llevarnos a visibilizar un tema fundamental vinculado al periodismo en México: la situación laboral en la que se ejerce, la cual representa un tipo de violencia adicional que debe ser enfrentada.
Por ello, resulta fundamental saber si el exgobernador de Morena Jaime Bonilla Valdez está vinculado con los hechos; dada la demanda laboral por despido injustificado que la periodista inició en contra de la empresa Media Sport de México, del Grupo Pacific Spanish Network (PSN), propiedad del también exsenador; según reveló ella misma en la mañanera del 26 de mazo de 2019, cuando le pidió ayuda al presidente. tras asegurar que su vida estaba en riesgo:
“Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida, porque se trata de un pleito que tengo seis años con él y que salió el laudo a mi favor en la Junta Federal de Conciliación (…) usted ha dicho que quitarle o no pagarles su sueldo a los empleados es injusto y es hasta un pecado, señor”.
Cuatro días antes de que le dispararan en la cabeza y la mataran, la periodista y su abogado habían confirmado que ─después de un litigio de 9 años─ había obtenido una resolución a su favor; y que ante la negativa de pago por parte de la empresa, se había procedido al embargo de los bienes de esta o inclusive de los que tuviera Bonilla Valdez.
La periodista sería designada como depositaria interventora, por lo que ─explicó su abogado─ la empresa tendría que entregarle toda la documentación contable: pagos de salarios, pagos al IMSS para acreditar que todos los trabajadores estuvieran dados de alta; y si había omisiones, ella estaría obligada a informarle a las instituciones.
“Quiere decir esto, que esta empresa la tengo yo, que está en mi poder y yo la voy a manejar; y yo soy la que voy a saber que nunca pagó seguro social, que nunca pagó Infonavit y que nunca pagó Afore; que no existe nómina de empleados (…) soy la depositaria, falta que venga a tomar poder, los corra de la oficina y me tienen que entregar los papeles para que yo los revise y yo los denuncie por las irregularidades que se han cometido en esta empresa que yo sé -y me consta- que no pagan nada, ni impuestos… Nunca quisieron por la buena, no es por la mala; es por lo que corresponde por justicia”, dijo ella.
Quienes han ejercido el periodismo en este país saben perfectamente lo que es vivir en la inseguridad laboral: salarios bajos, no contar con todas las prestaciones, no tener horarios, ser despedido por poner en aprietos a funcionarios, etc.
En su informe “Distorsión: el discurso contra la realidad” (2021), Artículo 19 mostró su preocupación ante esta realidad: “Observamos un factor de violencia estructural en contra de la prensa, de por sí asediada por múltiples actores públicos y privados para acallarla: la precariedad laboral (…) las carencias laborales revelan una circunstancia profunda que contribuye a un mayor estado de vulnerabilidad de los y las periodistas. En ello, convergen las responsabilidades de Estado y de los dueños de los medios de comunicación”.
P.D. El salario mínimo profesional vigente este 2022 en el país para un reportero(a) y reportero(a) gráfico en prensa diaria impresa es de 387.09 pesos diarios; esto es 11 mil 612.7 pesos mensuales.
En Querétaro, por ejemplo ─de acuerdo con el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2022─ un reportero que labora en el Sistema Estatal de Comunicación Cultural y Educativa tiene una remuneración mensual bruta de entre 17 mil 145 y 19 mil 180 pesos, además de “otra” percepción adicional que oscila entre tres mil 186 y 7 mil 980 pesos; un reportero de la Coordinación General de Comunicación Social del municipio de Querétaro percibió en el tercer trimestre de 2021, según el tabulador de remuneraciones de los servidores públicos, entre 18 y 24 mil 063 pesos.
Pero los reporteros que trabajan en medios de comunicación privados perciben ─en promedio─ entre 8 y 9 mil pesos mensuales (aunque hay quienes ganan 5 mil y otros que perciben 12 mil). Alrededor de un 70 por ciento, según reportan ellas y ellos mismos, se ven obligados a trabajar en más de un medio de comunicación… hay quienes incluso lo hacen hasta en cuatro; algunos se emplean además en administraciones públicas.
