La diputada federal del PAN, María Teresa Castell de Oro, presentó una iniciativa para que “quien realice ofertas laborales falsas” se le imponga una pena de seis meses a cuatro años de cárcel
Debido a que la mayoría de las páginas de internet donde se anuncian puestos de trabajo no están reguladas ni supervisadas por algún órgano de gobierno, “empresas irregulares o fantasma se han aprovechado, ofertando vacantes inexistentes o fraudulentas”, señala la diputada federal María Teresa Castell de Oro. Por ello presentó una iniciativa para castigar con prisión ese tipo de fraudes.
La legisladora del PAN propone reformar el artículo 1006 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) para incorporar que a “quien realice ofertas laborales falsas” se le impondrá una pena de seis meses a cuatro años de prisión.
Además, deberá pagar una multa de 125 a 1,900 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Es decir, entre 12,000 a 182,000 pesos, de acuerdo con el valor de la UMA para 2022, que es de 96.22 pesos diarios. “Tratándose de trabajadores, la multa será el salario que reciba el trabajador en una semana”.
Ese artículo fue adicionado recientemente, en 2019. Pertenece al Título Dieciséis, relativo a las responsabilidades y sanciones, y actualmente prevé las penas de prisión y el pago de multas sólo para quien “presente documentos o testigos falsos”.
“Muchas de estas modalidades de engaño consisten en montar supuestas historias de éxito, apoyadas en charlas motivadoras donde muestran lujos, viajes y comodidades”, indica la diputada en la exposición de motivos del proyecto. Esas personas utilizan a su favor “los deseos de superación de todos aquéllos que buscan un empleo” para mejorar sus condiciones de vida.
Si bien muchas personas están expuestas a caer en este tipo de timos, es “la población joven una de las más afectadas, debido principalmente a lo complicado que resulta obtener trabajo”. En el tercer trimestre de 2021, el grupo de de 20 a 29 años fue el que más sufrió de desempleo, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Del total de las personas desocupadas, representó el 37%, con casi 913,000 jóvenes sin ingresos laborales.
Las personas jornaleras migrantes son otra población afectada por este tipo de ofertas, principalmente quienes salen del país. El Centro de los Derechos del Migrante (CDM) ha documentado que de 2005 a 2019 al menos 6,497 solicitantes de empleo en Estados Unidos cayeron en un fraude de reclutadores que ofrecen trabajos inexistentes desde México. En promedio, pagaron 9,300 pesos cada una, pero a muchas les pidieron más, de tal manera que la suma perdida en total superó los 60 millones de pesos.
Mecanismos para identificar una oferta falsa
La iniciativa de Castell de Oro también plantea agregar la fracción VIII al artículo 529 de la LFT. Con ello, sería una obligación de las autoridades de las entidades federativas “establecer mecanismos para corroborar que las ofertas de trabajo publicadas a través de plataformas digitales sean verídicas”.
Es necesario “sentar las bases necesarias que permitan abordar el tema del empleo desde una óptica integral, adoptando las políticas públicas y demás acciones de gobierno que mejor se adecuen al contexto nacional, así como mecanismos que se han propuesto a través de los distintos tratados internacionales a los que México se encuentra suscrito”, apunta la legisladora.
Las leyes mexicanas no contemplan medios para identificar y actuar contra las ofertas de empleo fraudulentas. Pero, según la diputada es posible reconocer una vacante falsa mediante estas cuatro señales:
- El anuncio no incluye datos de contacto más que el medio por el que las publica
- Piden una cuota para entrevista, insumos o para introducción al trabajo
- El lugar para la entrevista es poco concurrido o en malas condiciones
- Solicitan y retienen documentos personales como original del acta de nacimiento, credencial de elector, entre otros.
Otros elementos a considerar son la gran flexibilidad que prometen, la amplia retribución económica y el excelente horario. “Es lógico que, ante la desesperación, estas propuestas puedan parecer convincentes”.
Según el último estudio de la Asociación Mexicana de Internet, el 83% de las personas que buscan empleo utiliza bolsas de trabajo en línea, el 54% lo hace por redes sociales y 88% de las empresas anuncian sus vacantes en medios digitales, indica la iniciativa.
“Por ello, es cada vez más común encontrar noticias donde se relata la experiencia de personas que han caído en estos artificios, como el caso de los 250 mexicanos que resultaron estafados al pagar cada uno en promedio 5,000 pesos a un supuesto agente que les conseguiría trabajo en Canadá”, recuerda la legisladora.
“En el mejor de los casos es el dinero lo que se pierde, pero el problema comienza a agravarse cuando se pone en peligro la integridad física, puesto que, al citar a las personas para las supuestas entrevistas de trabajo se corre el riesgo de que éstas sean víctimas de robo, secuestro u otras conductas ilícitas”.
Es por eso “que resulta urgente incorporar mecanismos que constaten la veracidad de las ofertas de empleo; no solo aquellas colocadas en internet, sino también las físicas, con la finalidad de proteger realmente a las personas ante esta situación”.
