El doctor en ciencias jurídicas Saúl Eduardo Magaña abundó en que el decreto no solo escinde las expresiones de los funcionarios públicos del concepto de “propaganda gubernamental”, sino también de las posibles sanciones que se tienen en la “Ley electoral”
El que ahora se permita que los funcionarios públicos promuevan la consulta de revocación de mandato puede influir “en gran medida” en la decisión de la ciudadanía, indicó el doctor en ciencias jurídicas Saúl Eduardo Magaña Ballesteros, tras la aprobación en la Cámara de Diputados federal del decreto para establecer que la difusión de la revocación de mandato no sea considerada propaganda gubernamental.
“Los servidores públicos tienen obligaciones respecto a su cargo, es decir, las obligaciones de los funcionarios públicos están relacionadas con la posición de poder que ostentan, la capacidad que tienen para la difusión de sus posicionamientos, la influencia que tienen sobre la sociedad; incluso sobre aquellos que no votaron por estas personas, es decir, ocupar un cargo público implica un foro que precisamente se pretende que no sea aprovechado con fines electorales, porque efectivamente puede influir en gran medida en la decisión de la ciudadanía el día de la consulta”.
Acotó que la iniciativa aprobada por los diputados federales será turnada a la Cámara de Senadores, donde tendrá que ser discutida y posteriormente votada; de aprobarse en la Cámara Alta, pasaría a manos del presidente Andrés Manuel López Obrador para su publicación y entrada en vigor.
“Solo hasta que esto suceda, el contenido del decreto sería ley aplicable. Si este momento llega, efectivamente los servidores públicos van a poder promover la revocación de mandato, porque la intención de esta iniciativa es escindir del concepto de propaganda gubernamental a las llamadas expresiones de las personas servidoras públicas”.
Abundó en que esto quiere decir que el decreto no solo escinde las expresiones de los funcionarios públicos del concepto de “propaganda gubernamental”, sino también de las posibles sanciones que se tienen en la “Ley electoral”, particularmente, en la “Ley federal de revocación de mandato” y la “Ley general de instituciones y procedimientos electorales” para evitar que la propaganda gubernamental sea utilizada con fines políticos.
