Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, el equipo jurídico TEMIS ha ofrecido asesoría telefónica a 50 mujeres víctimas de violencia económica, física y sexual
Marlene Martín Rico, integrante del equipo jurídico TEMIS, indicó que a la fecha llevan el proceso legal de, por lo menos, 15 demandas de mujeres víctimas de violencia económica, así como de otros tipos de violencias, como la psicológica y física; esto, desde el inicio de la pandemia por Covid-19.
“Al inicio de la pandemia, el equipo interdisciplinario dio aproximadamente 50 asesorías vía telefónica a mujeres víctimas de violencia económica, física y abuso sexual; esto, durante un periodo de tres meses… pero ahorita, actualmente, llevamos por lo menos 15 demandas de mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia económica”.
De acuerdo con la “Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”, la violencia económica es “toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral”.
No obstante, este periodo no fue el más crítico, subrayó la activista, ya que conforme se ha avanzado en el esquema de vacunación y las medidas restrictivas de confinamiento poco a poco se han modificado, las atenciones telefónicas se duplicaron; así lo refirió la también activista defensora de derechos humanos.
“Si nosotras revisábamos cuatro casos de este tipo al mes, llegamos a revisar de ocho a 10 casos en un mes, esto más o menos como a mediados de 2021 a la fecha, y este tipo de violencias, como la económica y psicológica, todavía no son identificables y no son cuantificables, porque todavía están muy naturalizadas en el espacio social”.
Por su parte, Carmen Consolación González Loyola, integrante de la Agenda Feminista Nunca más sin nosotras, indicó que hace seis años aproximadamente, varias asociaciones civiles promovieron la activación de la alerta de violencia de género ante el gobierno federal, proceso del cual se derivaron ocho recomendaciones, y actualmente desde el activismo feminista se ha vuelto a solicitar que se active la alerta.
