El papel de las universidades públicas en la generación del conocimiento, en el desarrollo de las sociedades, en la creación de comunidades y en el debate de las ideas, es fundamental e incuestionable; los movimientos estudiantiles, indiscutiblemente, han originado cambios sociales importantes a lo largo de la historia.
La Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI (Unesco, 1998) consignó que “los establecimientos de enseñanza superior, el personal y los estudiantes universitarios deberán:
poder opinar sobre los problemas éticos, culturales y sociales, con total autonomía y plena responsabilidad, por estar provistos de una especie de autoridad intelectual que la sociedad necesita para ayudarla a reflexionar, comprender y actuar”.
Habla también de “reforzar sus funciones críticas y progresistas mediante un análisis constante de las nuevas tendencias sociales, económicas, culturales y políticas, desempeñando de esa manera funciones de centro de previsión, alerta y prevención” y “utilizar su capacidad intelectual y prestigio moral para defender y difundir activamente valores universalmente aceptados, y en particular la paz, la justicia, la libertad, la igualdad y la solidaridad”.
Así, en un momento tan complejo como el que vivimos en el país debido a la violencia, la inseguridad, la violación de derechos humanos, la corrupción, la pandemia, la polarización política y todos los “etcéteras” que queramos agregar, resulta interesante analizar el papel de quienes encabezan las universidades públicas; es decir, las y los rectores.
Concretamente, es el caso de la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), por el activismo que Teresa García Gasca ha llevado a cabo durante el desempeño de su función y que ha generado simpatías, por un lado… pero animadversión, por otro.
Activista, según la Real Academia de la Lengua (RAE) se refiere al “Militante de un movimiento social, de una organización sindical o de un partido político que interviene activamente en la propaganda y el proselitismo de sus ideas”.
Teresa García ha arremetido en contra de autoridades federales y estatales para defender la autonomía y el presupuesto universitario, ha marchado por las calles de la ciudad en manifestaciones de la comunidad LGBTTI, ha abanderado las causas feministas, ha levantado la voz en contra de las desapariciones, se sumó a señalamientos de que la ley de aguas en Querétaro es privatizadora, acusó represión por parte de la policía en la manifestación en 5 de Febrero.
En medio de esto, hay quienes consideran que la rectora debería enfocarse en sus funciones, consagradas en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la institución y el 90 del Estatuto Orgánico; que debería deslindar su gestión institucional de sus posturas personales; que no debería comprometer a la institución que representa ni usar el cargo como trampolín político; que es manipulable, etc.
Ante las críticas ─por ejemplo, a propósito de la manifestación en contra de la ley de aguas─ ella posteó en Facebook: “No vendo mi postura a ninguna candidatura” y aseveró: “Sigo y seguiré manifestándome en contra del abuso de autoridad que se vivió el viernes pasado. Esto no es un asunto de miradas partidistas, es un tema de gobernanza y derechos humanos (…) el uso de la fuerza pública contra el pueblo es inadmisible, ni siquiera se intentó conciliar. Así las cosas, es lamentable que pretendan hacer callar la postura de la UAQ, que no es mi voz si no la de miles de universitarios. No pueden condicionarnos pues actuamos por convicción”.
Sí, la universidad Autónoma de Querétaro ─nuestra alma mater─ ha sido, es y deberá seguir siendo centro de la crítica, la reflexión y debe contribuir a fomentar la responsabilidad social; pero ¿existe un límite entre ser rectora y activista… o ambos roles van de la mano?
