Las mujeres representan el 6% de la población penitenciaria en México, la mayoría están privadas de la libertad sin una sentencia y dentro de los centros penitenciarios enfrentan violaciones importantes a sus derechos humanos
Kenya es una mujer indígena que no habla español y que fue detenida por presunta posesión de drogas en una comunidad fronteriza en el sur de México, desde el momento de la detención hasta su actual estancia en el Centro de Readaptación Social (Cereso) “El Amate” en Cintalapa, Chiapas ha sufrido sistemáticas violaciones a sus derechos humanos.
No contó con un traductor que le hiciera saber sus derechos, enfrentó acoso sexual y hostigamiento al momento de su captura ejercido por las autoridades, discriminación racial dentro de la cárcel, no tuvo acceso efectivo ni oportuno a productos de gestión menstrual y tampoco a medicinas y tratamiento especializado cuando fue diagnosticada con cáncer. Sin mencionar las condiciones de hacinamiento, escasez de agua, inseguridad alimentaria y hasta el pago de “protección” dentro del centro penitenciario.
Bajo las mismas condiciones de precariedad, Miguel nació en el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla y entre cuatro paredes, limitadas revisiones pediátricas y un ambiente de hostilidad ha pasado el primer año de su vida junto a su madre a quien le faltan cinco años para cumplir su condena. Él tendrá que separarse de ella cuando cumpla tres y algún familiar tendrá que encargarse de sus siguientes años.
Kenya y Miguel son nombres ficticios, pero estas son las realidades de miles de mujeres, niñas y niños al interior de los cárceles femeniles en México. Aunque las mujeres representan el 6% del total de la población privada de la libertad, pareciera que nadie se entera de que existen. Ellas y sus hijos son los más olvidados del sistema de justicia mexicano.
Los hijos, dentro y fuera de las cárceles
Las deficiencias que enfrenta todo el sistema penal mexicano, particularmente los centros penitenciarios femeniles, no sólo impactan a las mujeres que están privadas de la liberación, también a sus hijos e hijas.
De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021 del Inegi, 7 de cada 10 mujeres que se encuentran en prisión tienen al menos un hijo y casi el total son menores de edad. Y la cifra trepa a 8 de cada 10 mujeres reclusas si se consideran todo tipo de dependientes económicos (hijos, padres u otras personas) antes de su detención.
Para todos los niños, niñas y adolescentes cuyas madres se encuentran en prisión no existen programas ni leyes encaminadas a acompañarlos en sus procesos ni que garanticen su derecho a ser cuidados. La asociación civil Reinserta calcula que en todo el país hay medio millón de menores de edad que tienen padres o madres en las cárceles.
Las vulnerabilidades y violencias que enfrentan los menores de edad se pronuncian para quienes nacen y pasan sus primeros años de vida dentro de los centros penitenciarios. En los últimos 10 años alrededor de 10,000 niñas y niños han nacido dentro de las prisiones mexicanas.
Estos embarazos mayoritariamente se dan porque las mujeres ya estaban embarazadas al momento de su detención o se embarazaron a través de las visitas conyugales. Según los datos de la ENPOL, el 12% de las mujeres ha estado embarazada durante su estancia en el centro penitenciario. Pero enfrentar el proceso de gestación al interior de la cárcel puede implicar no contar con la atención fundamental para un embarazo digno.
Dos de cada 10 mujeres en esta situación enfrentaron su proceso de gestación sin haber acudido a servicios de revisión y seguimiento prenatal (en la mayoría de los casos porque les negaron el servicio o porque el penal no tenía personal o equipo necesario).
Al corte del 2021, casi 400 niños y niñas se encontraban viviendo en las prisiones junto a sus madres. Y ya nacidos también enfrentan importantes deficiencias en sus procesos de desarrollo infantil. Algunos de estos menores ni siquiera cuentan con identidad certificada por las autoridades, no logran realizar actividades básicas como hablar o caminar debido a las presiones en el ambiente de la prisión o presentan inseguridad alimentaria y enfermedades altamente prevenibles.
Así como los derechos reproductivos son altamente vulnerados al interior de las cárceles mexicanas, los derechos sexuales también. El 6% de las mujeres privadas de la libertad dijo que el centro penitenciario no le proporcionó preservativos cuando los solicitó e incluso el 1% dijo que el personal sí tenía pero ellas tenían que pagarlos.
Menstrúa como puedas y no se te ocurra enfermar
Otras de los rezagos del sistema penitenciario en materia de género es la invisibilización y el olvido de un proceso fundamental en la vida de las mujeres: la menstruación y las condiciones o enfermedades relacionadas con la menstruación.
En las cárceles femeniles del país, las mujeres que menstrúan tienen dos caminos: pedir a sus familiares o conocidos que les provean toallas, tampones y otros productos de higiene en sus visitas o improvisar con lo que puedan para gestionar el sangrado.
Organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación han visibilizado que con trapos, calcetines, playeras o papel higiénico las mujeres se las arreglan para atrapar los flujos menstruales de cada periodo porque el Estado mexicano todavía no ha implementado estrategias universales que garanticen los artículos de gestión menstrual a todas las mujeres en prisión.
Detectar endometriosis, cáncer de mama, cáncer cervicouterino y hasta enfermedades de transmisión sexual también es todo un reto para las mujeres presas. Según las cifras de la ENPOL, sólo a 4 de cada 10 mujeres en prisión se les ha aplicado un papanicolaou y sólo a 3 de cada 10 se les hizo un examen médico para detectar cáncer de mama.
Las medicinas y la atención clínica y hospitalaria tampoco son uno de los destacables del sistema penitenciario mexicano. El 17% de las mujeres privadas de la libertad han sido diagnosticadas con alguna enfermedad y de este total más del 90% no está tomando tratamiento para erradicarla o contenerla.
Las cifras muestran realidades preocupantes: las mujeres enfrentan significativamente más violencia a la hora de ser acusadas de un delito, a la hora de ser detenidas, a la hora de ser sentenciadas y su vida dentro de los centros penitenciarios parece pensada como si no fueran mujeres. Las mujeres que son madres o que se embarazan dentro de las cárceles enfrentan violaciones a sus derechos y los niños y niñas que nacen y son criados dentro de la prisión son completamente invisibles e ignorados.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus resoluciones y declaraciones globales señala que todos los Estados tienen el deber de respetar los derechos y libertades consagrados y deben garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, incluidas las personas privadas de la libertad. Antes de ser reclusas, son personas.
Con información de El Economista
