Entre enero y junio de este año, se registraron por lo menos 3 mil 123 crímenes de extrema violencia o atrocidades en todo el territorio nacional de México; reveló la organización Causa en Común
La organización Causa en Común contabilizó de enero a junio de 2022 un total de 3 mil 123 crímenes de extrema violencia cometidos en todo el país, a los cuales calificó como “atrocidades”. Los datos los registró en su estudio “Atrocidades y eventos de alto impacto registradas en medios”.
La organización aclaró que el término “atrocidad” se otorga por el uso intencional de la fuerza física para causar la muerte en los 3 mil 213 casos, así como laceración o maltrato extremo.
En ese marco, la organización que encabeza María Elena Morena indicó que, según reportes de prensa, durante los primeros seis meses de 2022 se registraron al menos 250 masacres; 856 casos de tortura; 426 casos de mutilación, descuartizamiento o destrucción de cadáveres; 410 asesinatos de mujeres con crueldad extrema y 12 asesinatos de periodistas.
Durante la presentación de este informe, durante un foro participaron el periodista Luis Chaparro; Jacobo Dayán, especialista en Derechos Humanos; y la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera.
El documento mostró que las “atrocidades” en ciertos estados tuvieron relación con la operación de grupos de narcotráfico, mientras que los feminicidios ocurrieron en todos los estados con diferentes características.
María Elena Morera destacó que el fenómeno de los crímenes de violencia extrema es invisible en las estadísticas oficiales de inseguridad, pues el registro de asesinatos no toma en cuenta, para efectos de clasificación, las formas que ocurrieron n los asesinatos y las ejecuciones.
Luis Chaparro resaltó que la violencia indirecta que sufren los periodistas, son la situación precaria en la que viven, ya que quienes han sido asesinados son aquellos que cubren notas locales en una posición de indefensión absoluta, aunado a que son ellos los que se encargan de investigar los nexos entre el gobierno y el narco sin alguien que los proteja.
Jacobo Dayán abundó que la visión que tenemos actualmente de la violencia a causa de grandes capos de la droga alimenta el discurso de militarizar la seguridad pública. Apuntó que la tortura es una práctica generalizada y el Poder Judicial ha decidido coexistir con ella sin mover un dedo, ya que hay más de 30 mil casos de tortura y sólo hay 43 sentencias por este delito. Consideró necesario que las fiscalías planteen otras formas de acceso a la justicia, como la revisión de procesos de macrocriminalidad, más que caso por caso.
También señaló que la idea del informe presentado es contribuir a generar conciencia individual y social sobre los niveles de crueldad a los que hemos llegado.
En su informe, la organización Causa en Común propuso que cada ciudadano y cada comunidad tiene la responsabilidad de exigir a los gobiernos locales y al federal, reformas de cuerpos policiales y de fiscalías que atiendan insuficiencias como bajos sueldos, prestaciones incompletas, capacitación deficiente, y equipos e infraestructuras insuficientes; así como la resolución de casos que han agraviado a la comunidad, con investigaciones sólidas.
Externó que son indispensables las aproximaciones sociológicas que trasciendan los enfoques meramente policiacos, que permitan la comprensión de las realidades locales, y que contribuyan a la construcción de políticas de seguridad, de prevención y sociales, que respondan a las realidades de cada comunidad y región del país.
Estimó evidente que la acumulación de crímenes de violencia extrema y atrocidades refleja patologías graves que presentan un reto social mayúsculo. A los enfoques policiales y sociológicos, deben sumarse enfoques psicológicos.
“Por ello, contrario al desmantelamiento prevaleciente de estructuras y programas del sector salud, deben estos fortalecerse e incluir, de manera prioritaria, la atención psicológica especializada a escala nacional”, planteó.
