La administración municipal de Querétaro destacó que 81 taxistas, 265 locatarios de mercados, mil 184 tianguistas y 84 pequeños empresarios serán beneficiados con asistencia médica y seguro de vida
Un total de mil 568 personas han sido beneficiadas con la nueva etapa del programa de seguro de vida y asistencia médica, el cual tiene una vigencia hasta julio de 2023; informó la Secretaría de Desarrollo Humano del Municipio de Querétaro.
La dependencia municipal detalló que mil 003 personas beneficiarias son mujeres y 565 son hombres; asimismo, puntualizó que dicho programa está dirigido a sectores vulnerables de la población como locatarios de mercados, tianguistas, taxistas y microempresarios, los cuales no tienen acceso a la seguridad social.
Hasta la fecha, 81 taxistas, 265 locatarios de mercados, mil 184 tianguistas y 84 pequeños empresarios forman parte del padrón del programa de seguro de vida y asistencia médica, cuya primera versión surgió como consecuencia de la pandemia de COVID-19.
Mediante la colaboración con la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), la administración municipal de Querétaro proporciona atención médica, análisis de laboratorio, traslado en ambulancia, sesiones terapéuticas, seguro de vida por 100 mil pesos y apoyo para gastos funerarios por 20 mil pesos a las personas beneficiarias y a tres integrantes de su familia.
La Secretaría de Desarrollo Humano del Municipio de Querétaro explicó que los beneficiarios de dicho programa pueden recibir atención médica en las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana: en el Centro Histórico, la zona del Estadio Corregidora y la delegación Santa Rosa Jáuregui.
Asimismo, la dependencia municipal anunció que la convocatoria para unirse a este programa se ampliará a partir del próximo miércoles 17 de agosto, cuando podrán registrarse aproximadamente 290 personas que quedaron fuera anteriormente debido a la falta de algún trámite o documento.
Además, la administración municipal de Querétaro dio a conocer que pondrá a disposición 100 predios, los cuales podrán ser adquiridos -con facilidades de pago y plazos- por familias en condición vulnerable que actualmente viven en zonas consideradas de riesgo en materia de Protección Civil.
