El secretario de Desarrollo Social del estado de Querétaro, Agustín Dorantes Lámbarri, admitió que el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de las familias ha limitado el alcance de los programas sociales
Agustín Dorantes Lámbarri, secretario de Desarrollo Social del estado de Querétaro, admitió que el impacto de la inflación en la economía familiar es el principal desafío para la eficiencia de los programas sociales.
“Estamos viviendo momentos complicados económicamente y financieramente, sin duda hay un impacto en el bolsillo de las familias debido a la inflación y a la pandemia. A pesar de que hay una recuperación, sigue estando la línea de bienestar y la línea mínima de bienestar (…) Hay personas en condiciones de vulnerabilidad por ingreso”, reconoció.
Durante la glosa del Primer Informe de Gobierno del gobernador Mauricio Kuri González, el funcionario estatal afirmó que son necesarias “acciones contundentes” para evitar que más personas caigan en situación de pobreza o pobreza extrema.
“Con la generación de empleos que está teniendo Querétaro, esperamos que se vuelva a lograr la ocupación. Acaba de salir un resultado en el INEGI que Querétaro es de los estados con que tienen menor inflación, que eso también se concatene y que sigamos logrando la reactivación económica a través de los programas que estamos implementando”, enfatizó Agustín Dorantes.
En agosto pasado, la inflación general anual cerró en 7.20 por ciento en la ciudad de Querétaro, es decir, la menor tasa registrada a nivel nacional; mientras tanto, el índice inflacionario se ubicó en 8.70 por ciento en todo el país.
Por su parte, la secretaria de Salud de la entidad federativa, Martina Pérez Rendón, descartó la posibilidad de establecer un centro de salud mental en las instalaciones del antiguo Hospital General de Querétaro.
“La verdad es que el antiguo Hospital General sería muy grande. Sería tener un elefante blanco, si fuera solo la finalidad de un hospital psiquiátrico estaría subtulizado”, sostuvo.
De acuerdo con la funcionaria estatal, la Secretaría de Salud transfiere a entre 160 y 200 pacientes cada año hacia el Centro de Atención Integral a la Salud Mental de León, Guanajuato; y la Clínica Psiquiátrica de San Luis Potosí.
