Graciela Juárez Montes, integrante de la Comisión de Salud de la 60 Legislatura del estado de Querétaro, declaró que antes de pensar en la legalización del aborto en Querétaro, tendrá que discutirse la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
Graciela Juárez Montes, diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), descartó que se esté preparando una iniciativa para ampliar el aborto en la causal de salud, ya que actualmente solo se permite abortar en caso de violación y por imprudencia.
La integrante de la Comisión de Salud de la 60 Legislatura del estado de Querétaro, declaró que antes de pensar en la legalización del aborto en Querétaro, tendrá que discutirse la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Yo creo que no podemos dar un segundo paso si no analizamos lo que ya tenemos, que es un posicionamiento y una resolución por parte de la Suprema Corte; yo no me estaría adelantando a temas que tendremos que ver después, quizá, pero ahorita solo nos compete armonizar”, aseguró.
Añadió que, en ese sentido, la SCJN obliga a los legisladores a entrar al análisis y discusión de la despenalización del aborto en la entidad.
“De entrada, les comento, estoy en contra del aborto y a favor de la vida, pero sí a favor de respetar el Estado de derecho, y la Suprema Corte fijó su posicionamiento y la responsabilidad de nosotros es armonizar en el estado lo que le compete”, dijo.
Para armonizar el aborto en Querétaro no solo se debe tomar como un trámite legislativo, sino otras circunstancias, como el “conservadurismo” que impera en la entidad, aseveró.
“Todos sabemos que Querétaro es un estado conservador, es otra circunstancia, a eso me refiero cuando digo que Querétaro cuenta con otro tipo de circunstancias distintas a otros estados; en su momento, una de las funciones que tenemos es escuchar a los colectivos que están a favor y en contra”, precisó.
La sentencia de la SCJN declaró la invalidez del artículo 196 del “Código penal de Coahuila”, que establecía una pena de prisión a la mujer que voluntariamente practicara su aborto o a quien la hiciere abortar con el consentimiento de aquella, pues consideró que ello vulnera el derecho de la mujer y de las personas gestantes.
