La iniciativa plantea clarificar el alcance y contenido de los conceptos de propaganda gubernamental, así como establecer como responsabilidad administrativa de las personas servidoras públicas por el uso indebido de recursos públicos para la promoción personalizada
Como parte de su llamado “Plan B” en materia electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En ella, busca clarificar el alcance y contenido de los conceptos de propaganda gubernamental, así como establecer como responsabilidad administrativa de las personas servidoras públicas por el uso indebido de recursos públicos para la promoción personalizada.
La iniciativa modifica el concepto de publicidad oficial como propaganda gubernamental o como comunicación social con cargo al presupuesto público, etiquetado específicamente para ese fin por un ente público.
Cabe señalar que el proyecto especifica que “no constituyen Propaganda gubernamental las manifestaciones de las personas servidoras públicas que realicen en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas”.
Así como “tampoco constituye Propaganda gubernamental la información de interés público que realicen las personas servidoras públicas, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en cualquier formato de manera gratuita”.
Lo anterior, se da luego de la que SCJN invalidó el llamado “decretazo interpretativo”, una iniciativa de Morena en la que se interpreta el Alcance del Concepto de Propaganda Gubernamental, y la cual buscaba permitir a cualquier funcionario público promover, sin sanción alguna, la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Asimismo, la iniciativa enviada este martes por el mandatario mexicano, plantea que los Entes Públicos no podrán reclasificar el gasto público en materia de comunicación social de una manera distinta a la aprobada en el presupuesto de egresos, salvo los casos que sean autorizados por las autoridades correspondientes.
Y se prohíbe contratar Campañas de Comunicación Social a precios superiores a los que pagan anunciantes privados. Los Entes públicos tomarán como referencia las tarifas registradas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En el caso de las prohibiciones, se indica que queda prohibido difundir Campañas de Comunicación Social que contengan, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier persona servidora pública, así como las que incluyan mensajes discriminatorios, estigmatizantes, sexistas e inciten, de forma directa o indirecta, al odio o la violencia.
Y aquella información que “se dirija a influir en la competencia entre los partidos políticos, o personas precandidatas o candidatas, en periodo electoral y no electoral”.
Por otro lado, también se indica que no se podrán usar campañas de comunicación social para presionar, castigar, premiar, privilegiar o coaccionar a comunicadores o Medios de Comunicación.
Ni para otorgar recursos públicos encubiertos que beneficien, directa o indirectamente, a Medios de Comunicación o terceras personas.
Además de especificar que los Entes Públicos pueden difundir, por medio de Campañas de Comunicación Social, información respecto a temas como ejecución de obras de infraestructura, prestación de servicios públicos y desarrollo de programas económicos y sociales.
Así como aspectos relevantes de las políticas públicas, rendición de cuentas, promoción y garantía de los derechos humanos; funcionamiento de las instituciones públicas y ejercicio de sus atribuciones; contenidos que fomenten el derecho al acceso a la información, y acciones que tengan relevancia directa para la población, entre otras cosas.
