Movimiento Ciudadano impugnó el “plan B” de la reforma electoral del presidente López Obrador, ya que -afirmó- busca alterar el equilibrio en las contiendas electorales
La dirigencia de Movimiento Ciudadano informó que presentó una demanda de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022 (“plan B” de la reforma electoral).
Dichas reformas legales forman parte del llamado “plan B” electoral que impulso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y que fue aprobada por una mayoría simple del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso de la Unión.
La Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano consideró que el llamado “plan B” busca alterar el equilibrio de las contiendas electorales, al remover límites de la comunicación social en tiempos electorales y cambiar la naturaleza jurídica de la comunicación social para permitir que servidores públicos, bajo el argumento de su libre expresión y de la difusión de información de interés público, puedan realizar promoción personalizada y “adoctrinamiento político”.
MC denuncia irregularidades legislativas
Señaló que se rediseñan definiciones y principios de la Ley General de Comunicación Social de una forma que contradicen los párrafos primero, séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, Movimiento Ciudadano consideró que existen “defectos” en el procedimiento legislativo que dio origen a estas reformas y que vician su contenido, toda vez que no se tomaron en cuenta a las minorías en el debate, ni se dictaminó debidamente la iniciativa del presidente López Obrador en la Cámara de Diputados.
“Movimiento Ciudadano se manifiesta como una entidad de interés público que tiene como meta fundamental el enriquecimiento de la vida democrática del país; dar la batalla contra normas injustas que establecen espacios indebidos de discreción a servidores públicos y afectan el equilibrio electoral a futuro, es nuestro deber”, sostuvo.
