El 20 de enero, el presidente López Obrador dijo que el tren México-Querétaro “va a quedar hacia delante”… es decir, pendiente.
Sin embargo, tres días después rectificó: “no descartamos lo del ferrocarril”: “Ya he estado hablando con el secretario de Comunicaciones. Porque son dos trazos al parecer, uno, que está concesionado, de carga (…) Y hay otro trazo en donde ya se cuenta, me informan, con la mitad del derecho de vía, que ese es el problema principal, el conseguir el derecho de vía, pero que ya se tiene la mitad del derecho de vía”.
¿A qué se refería el presidente con lo de que “ya se tiene la mitad del derecho de vía”?
En la Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-09100-02-0403 DE-035 a la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre el “Financiamiento y Erogaciones en el Proyecto del Tren Rápido Ciudad de México-Querétaro”, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que, en 2014, la SCT destinó 911 millones 620 mil 700 pesos al pago de la liberación del derecho de vía del Tren de Alta Velocidad (TAV); lo que representó un avance del 57.9 por ciento del pago total de la liberación de los derechos de vía.
También señaló que había un pago pendiente de 663 millones 036 mil pesos, equivalente al 42.1 por ciento. El monto total a pagar por este concepto, ascendía a mil 574 millones 656 mil 700 pesos.
La ASF constató además, que la SCT pagó 5 millones 586 mil 500 pesos a la TESOFE, por el avalúo de algunos terrenos, correspondientes a derechos de vía, realizados por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).
Y revisó 884 cheques (emitidos de octubre a noviembre del 2014) en favor de las personas que cedieron sus predios para los derechos de vía, por un valor de 579 millones 861 mil 300 pesos; lo que significó el 63.6 por ciento del total de los recursos reportados como erogados para el TAV.
Ahora bien, los 663 millones 036 mil pesos “pendientes por pagar” -a julio de 2015- correspondieron a 343 millones 600 mil pesos de anticipos para la ocupación previa del predio en pequeña propiedad, y 319 millones 931 mil 400 pesos que, al no haberse efectuado fueron reintegrados y enterados a la Tesorería de la Federación el 28 y 30 de julio de 2015.
Dichos recursos no habían sido erogados, según se aclaró, ya que fue hasta el 30 de enero de 2015 que se hizo oficial la suspensión del Proyecto del TAV; y porque había dos procesos diferenciados pero complementarios: proyecto de ejecución de obra y liberación de derecho de vía. Tras la consulta iniciada posteriormente para saber si continuar con el proceso o suspenderlo en forma integral, la Unidad de Asuntos Jurídicos y el Centro SCT Querétaro decidieron cancelar -en mayo de 2015- las gestiones para formalizar escrituración de los predios.
Sobre las acciones en 2015 para la liberación de los derechos de vía, así como las erogaciones de enero a mayo de 2016, la SCT informó que pidió a la empresa contratada para liberar los derechos de vía, suspender las negociaciones con los afectados; además, “por conducto de su Unidad de Asuntos Jurídicos, definiría el procedimiento a seguir con los convenios de ocupación previa y contratos de promesa de compra venta ya firmados por los afectados, así como los pagados en 2014”.
La SCT reportó a la ASF que serían en total mil 852 predios en los que se iniciaría el proceso de liberación por derecho de vía; en 2014, sólo 471 predios tenían títulos de propiedad o posesión de tierras ejidales para iniciar el proceso, de estos, en 439 se pagó el anticipo para la obtención de la “ocupación previa”. Los 32 restantes, en mayo de 2015, estaban en proceso de la designación de notario o dictamen de factibilidad de la autoridad correspondiente.
De pretender concluir la liberación de derecho de vía de los mil 852 predios determinados, se hubiera requerido disponer –consignó el informe- de alrededor de 2 mil millones de pesos del erario público.
En cuanto a los predios con “convenios” o “contratos” de promesa de compra venta, subrayó: “la dependencia se reserva su ocupación hasta, en su caso, la reanudación del proyecto”; aunque según declaraciones de ejidatarios, los documentos consignaban que si en 5 años no se ejecutaba específicamente el TAV, las tierras les pertenecerían nuevamente.
Los recursos erogados en los derechos de vía se distribuyeron en los estados de Querétaro (93.1%), Hidalgo (3.9%) y México (3.0%).
