Guadalupe Murguía Gutiérrez, secretaria de Gobierno del estado de Querétaro, calificó como “cuestión mediática” la denuncia presentada por miembros de la cooperativa de Tzibanzá
La secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez, afirmó que el Poder Ejecutivo Estatal no ha sido notificado de la denuncia que -en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo- interpusieron integrantes de la cooperativa de Tzibanzá, quienes refieren que desde la administración estatal de Querétaro supuestamente se despojó de manera ilegal a propietarios de tierras de la isla que se encuentra en el municipio de Cadereyta de Montes.
En este sentido, la funcionaria estatal indicó que, de recibir la notificación, el Gobierno Estatal dará respuesta a la denuncia y precisó que, como parte del proceso, se tendría que dar cuenta a la Fiscalía General del Estado de Querétaro. No obstante, recalcó que se trata de una “cuestión mediática” de parte de quien se ostenta como representante legal de dicha cooperativa.
“Desde luego ha sido más una cuestión mediática en dónde el abogado de la cooperativa ha hecho declaraciones y pronunciamientos. Sabemos que hay una denuncia en la fiscalía de Hidalgo, no hemos sido notificados como Gobierno del Estado de esa denuncia que presentaron los integrantes de la cooperativa en Hidalgo. Tiene que darse cuenta a la fiscalía de Querétaro por ser un espacio en Querétaro y estemos atentos a dar la respuesta correspondiente”, dijo.
Murguía Gutiérrez señaló que los integrantes de la cooperativa de Tzibanzá no se han acercado al Gobierno Estatal. Sin embargo, sostuvo que existe “buena voluntad” para establecer diálogo con ellos.
“No hemos salido porque no es un litigio mediático, hay siempre la disposición al diálogo con los integrantes de la cooperativa, con toda la buena voluntad; tienen la posesión, están operando el hotel, entonces, seguiremos trabajando con ellos sin caer en un litigio mediático”, apuntó.
Ante medios de comunicación de la Ciudad de México, el 15 de marzo, pobladores de Tzibanzá denunciaron que el Gobierno Estatal presuntamente se apropió de manera ilegal de cuatro hectáreas de tierras de la isla, que en 2017 fueron donadas por parte de los propietarios con la garantía de que se realizarían mejoras en materia turística y, ahora, eran sujetas a un cobro mensual por su uso.
