La DDHQ determinó que autoridades estatales violentaron los derechos humanos de las personas que se manifestaron en avenida 5 de Febrero contra la llamada Ley de Aguas
A raíz de la manifestación en avenida 5 de Febrero contra la denominada Ley de Aguas, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) emitió una recomendación a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Subsecretaría de Desarrollo Político y Social.
Tras la investigación del desalojo ocurrido el viernes 10 de junio del año pasado, el organismo autónomo determinó que personal de ambas dependencias estatales cometió violaciones a los derechos humanos de reunión pacífica, libertad personal, integridad personal, legalidad y seguridad jurídica.
“Esta Defensoría concluyó que la Subsecretaría de Desarrollo Político y Social omitió entablar un diálogo abierto, incluyente y fructífero con los manifestantes”, detalló en un comunicado.
Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana no promovió un entorno propicio para el desarrollo de la protesta pacífica; además, elementos de la Policía Estatal de Querétaro hicieron uso de la fuerza pública y detuvieron a tres personas.
Por lo anterior, la DDHQ recomendó a la Subsecretaría de Desarrollo Político y Social elaborar y aplicar un protocolo para atender manifestaciones.
investigación
Asimismo, el organismo autónomo recomendó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana elabore lineamientos para proteger a las personas que participen en protestas.
Dichas directrices deberán establecer “de manera clara” la cadena de mando y atención de movilizaciones sociales.
Además, ambas dependencias estatales deberán “iniciar ante el Órgano interno de Control las investigaciones conducentes, con el objeto de que se deslinden las responsabilidades respectivas y, en su caso, se determinen las sanciones correspondientes en un tiempo oportuno”.
La investigación de la DDHQ incluyó nueve informes, 23 entrevistas y testimoniales, la revisión de 30 videos y 12 fotografías e inspecciones y acompañamientos.
Una vez recibida la recomendación, las autoridades estatales responsables tienen un plazo de 15 días naturales para notificar si la aceptan.
