Se respetará a quien quiera sumarse al paro convocado por universidades e investigadores del país, dijo la rectora de la UAQ
Por el momento, no es viable sumarse al paro nacional que se realizará este 2 de mayo, para manifestarse en contra de la aprobación de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, debido a que la comunidad todavía no está suficientemente informada, aseguró Teresa de Jesús García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).
“A mí me parece que para realizar un paro, la comunidad debe de estar bien informada; porque si no, se genera un problema mayor. Debe ser una decisión informada”.
No obstante, acotó que, aunque la universidad no se unirá al paro, se respetará la posición de quien quiera participar.
Consideró que la ley aprobada por el Senado la madrugada del pasado 29 de abril fue un “albazo”, pues dijo que no fue analizada con mayor profundidad; además de que, señaló, la ley fue aprobada sin los grupos opositores.
“Fue un fin de semana muy difícil en términos legislativos en el país; vimos como desde el Ejecutivo se marcó línea al Senado, básicamente a los partidos oficialistas del Senado y se lleva a cabo un segundo albazo para la Ley, en el marco de un proceso en donde se tenía que dictaminar casi 18 temas importantes para nuestro país sin la oposición y de forma muy irregular”.
Subrayó que la aprobación de la ley se dio sin que se cumplieran los compromisos adquiridos con las universidades como el que se realizarán únicamente dos parlamentos abiertos de los siete que se habían establecido.
Señaló que las universidades e investigadores ya preparan amparos en contra de esta ley y dijo que debe abrirse el diálogo.
“Esta ley adolece y tiene grandes deficiencias que están poniendo en riesgo, justamente, a la investigación en la ciencia en México; y, es por ello que necesitamos, nuevamente, lo que hemos estado pidiendo desde hace mucho tiempo: abrir el diálogo”.
Aseveró que la ley aprobada es centralista ya que se incluye un Consejo General que no contempla a las universidades; así como que elimina la meta del presupuesto del uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
