Una jueza concedió la suspensión definitiva para que la Junta de Coordinación Política del Senado cese en la omisión de nombrar a los comisionados
Celina Angélica Quintero Rico, titular del Juzgado 17o. de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, concedió una suspensión definitiva el 11 de mayo de 2023, que ordenó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, que nombre al comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que ocupará la vacante que dejó Francisco Javier Acuña Llamas, tras concluir su encargo el 31 de marzo de este año.
Dicha juzgadora otorgó la medida cautelar a Francisco Ciscomani Freaner, expresidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y miembro del Consejo Consultivo del Inai, quien, con el apoyo del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, impugnó la omisión de emitir el Acuerdo que pone a consideración del pleno del Senado la candidatura para ocupar el cargo de comisionado del Inai, para cubrir la vacante disponible a partir del 1 de abril del 2023.
Por unanimidad, el 20o. Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó, el 9 de mayo de 2023, la suspensión provisional dictada el día 2 del mismo mes y año, por Celina Angélica Quintero Rico, titular del Juzgado 17o. de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien ordenó a la Jucopo del Senado nombrar de inmediato a los tres comisionados pendientes del Inai.
Los magistrados Fernando Silva García, Salvador Alvarado López y Martha Llamile Ortiz Brena declararon infundado un recurso de queja del Senado y coincidieron en que había interés público en completar el quórum del pleno del Inai, que tiene cuatro de siete comisionados, pero requiere al menos cinco para sesionar.
El Congreso de la Unión terminó su periodo de sesiones, por lo que la Junta de Coordinación Política del Senado de la República tendría que convocar a periodo extraordinario para acatar dichas suspensiones, cuyo desacato es un delito federal, por lo que un legislador podría ser amonestado, multado o destituido.
