Un juez federal dictó sentencia de 92 años para José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero, por el delito de secuestro agravado de activistas, entre ellos, Arturo Hernández Cardona
El exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, fue condenado por un juez federal a 92 años de prisión y una multa de casi 1 millón de pesos, por el secuestro en 2013 de seis integrantes de la Unión Popular Campesina Emiliano Zapata (UPEZ) y del Movimiento Campesino Unidad Popular, entre ellos Arturo Hernández Cardona, quien además fue asesinado.
Nueve años después de haber sido detenido por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Matamoros ordenó la condena contra Abarca Velázquez por el secuestro de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez, Rafael Balderas Román, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna y Nicolás Mendoza Villa, líderes sociales de Iguala.
Actualmente, el exedil se encuentra preso en el penal federal del Altiplano, Estado de México.
“Por su responsabilidad penal, se imponen a José Luis Abarca Velázquez, las penas de 92 años y seis meses de prisión, y la multa judicial de 15,000 días, equivalente a 920.7000 pesos, sustituible ésta última por 15,000 jornadas de trabajo en favor de la comunidad”, determinó el juez.
“Se suspende a José Luis Abarca Velázquez del ejercicio de sus derechos políticos y prerrogativas durante el tiempo que dure la pena de prisión impuesta”, añadió.
Sin embargo, hasta ahora, José Luis Abarca no ha concluido su proceso penal que lo vincula, junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda, en el delito de delincuencia organizada por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Abarca decía no tener reportes de desaparición de normalistas
El 29 de septiembre del 2014, tres días después del ataque y desaparición en Iguala de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, pidió a su secretario de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, que citara al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, para que firmara su renuncia, fuera conducido por policias al Congreso del estado a entregar el escrito, y luego fuera detenido.
Abarca se comprometió a asistir a la oficina del secretario general de Gobierno ese día, pero nunca más se supo de él, hasta el 4 de noviembre del 2014 cuando fue detenido, junto con su esposa, por la Policía Federal en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.
En su declaración ministerial rendida ante la PGR el 14 de noviembre del 2014, que consta en la versión pública del caso Ayotzinapa, el entonces secretario de Gobierno de Guerrero, David Cienfuegos Salgado, narró que a las “aproximadamente a las 21:50 horas (del 24 de septiembre del 2014 cuando transcurrían las balaceras en Iguala contra normalistas), me llamó el señor Gobernador (Ángel Aguirre) para preguntarme si tenía reporte de lo que pasaba en Iguala, y le comenté que buscaría información. (Me dijo) que buscara al Presidente Municipal para tener información fidedigna”.
Cienfuegos dijo que de inmediato se comunicó a los teléfonos que tenía de Abarca, pero éste no respondió, por lo que le envió un mensaje: “señor presidente, contésteme”.
David Cienfuegos declaró que a las 0:14 horas, Abarca le contestó el celular, “y le dije que me informara qué estaba ocurriendo en Iguala. Me dijo que estaba dormido en su domicilio y que preguntaría”.
Mencionó que a las 0:35 horas volvió a telefonear a Abarca Velázquez: “me relató todo lo que había hecho con su esposa (María de los Ángeles Pineda) respecto del informe que como presidenta del DIF había rendido, que se quedó al baile, que estuvo en la verbena. Y después de escucharlo por varios minutos le pregunté cuál era el reporte de su secretario de Municipal de Seguridad Pública, ya que se me había informado que hubo disparos, lesionados y muertos. Y sólo se concretó a decirme que estaba muy cansado, que se fue a dormir a su casa, y que no tenía reporte de violencia, y que los pequeños disturbios que se habían presentado en el centro de la ciudad de Iguala; no reportaban lo que yo le decía. Le dije que sí tenía los reportes, y me dijo que definitivamente no los tenía”.
Cienfuegos explicó en su declaración a la entonces PGR que José Luis Abarca no concluyó el acuerdo para que Iguala accediera al Mando Único, lo que hubiera impedido a los policías municipales actuar el día de la desaparición de los 43 estudiantes. Expuso que el Mando Único en Iguala quedó en un trámite administrativo, ya que a Abarca, “poco interés se le notó para dar arranque a esa formalidad”.
El entonces secretario de Gobierno de Guerrero detalló que el 27 de septiembre viajó a Iguala para ofrecer una conferencia de prensa, y aprovechó para llamar a Abarca para preguntarle sobre su reporte del asunto, pero “seguía sosteniendo que no tenía ningún reporte de tales hechos”. Sin embargo, el motivo principal de esa llamada, dijo, fue cerciorarse de que Abarca no se hubiera fugado.
Narró que el 29 de septiembre, alrededor de las 10:40 horas, “el gobernador (Ángel Aguirre) me pidió que le llamara (a Abarca) para que ocurriera a mi oficina con el único propósito de que en mi presencia firmara su renuncia como alcalde de Iguala, y una vez hecho esto, lo acompañaran agentes de seguridad a entregarla al Congreso y así fuese detenido”.
Abarca aceptó acudir a las 14:00 al Palacio de Gobierno en Chilpancingo, pero desde entonces se declaró oficialmente desaparecido, junto con su esposa María de los Ángeles Pineda, hasta el 4 de noviembre cuando ambos fueron detenidos en la Ciudad de México acusados de delincuencia organizada.
