El nuevo Código de procedimientos civiles y familiares representa una puerta hacia la justicia digital, de acuerdo con México Evalúa
El nuevo Código de procedimientos civiles y familiares, publicado en el “Diario Oficial de la Federación” (DOF) el 7 de junio, abre un camino hacia la justicia digital, caracterizada por el uso de herramientas digitales para la impartición de justicia, explicó Laurence Pantin, coordinadora del “Programa de transparencia en la justicia” de México Evalúa.
En entrevista, la investigadora recordó que desde 2017 se esperaba que fuera emitido el código, pues era importante un código nacional que proporcionara nuevos lineamientos en materia civil y familiar; no solamente a nivel de la federal, sino que contemplara una homologación en todos los estados del país.
No obstante, señaló que el nuevo código también representa desafíos importantes para su implementación en los estados del país, en cuanto a presupuesto, infraestructura y tiempo establecido para lograr la transición al nuevo modelo.
En ese sentido, consideró que el nuevo código es “un poco idealista y un poco alejado de la realidad”, ya que para su implementación se necesitan recursos importantes cuyo origen, a la fecha, no se tiene claro.
Detalló que el nuevo código propone, en primer lugar, transitar hacia la oralidad en ciertos procesos en estas dos materias; sin embargo, señaló, esto implica destinar un mayor presupuesto para que los juzgados tengan infraestructura que permita poner en marcha el nuevo modelo de oralidad.
“La oralidad es un punto bien importante que tiene, hay que decirlo, consecuencias también importantes; no solamente sobre la manera de llevar los procesos, sino que tiene consecuencias que surgen de la misma arquitectura de los juzgados. Para un proceso oral necesitas una sala de oralidad, entonces, esto tiene implicaciones importantes en términos de presupuesto”.
Laurence Pantin mencionó que otro reto importante que tiene el nuevo código es el plazo de cuatro años estipulado como periodo de transición; a diferencia de la reforma penal, para cuya implementación se previó una temporalidad de ocho años.
Resaltó que, por ejemplo, la materia penal representa el 20 por ciento de la cantidad de asuntos; mientras que la civil y la familiar equivalen al 70 por ciento.
“Te puedes imaginar que, si en la reforma penal se previó una temporalidad de ocho años para su transición, pues, cuatro años a la familiar y civil, pues, parece poco tiempo; sobre todo si se está pensando que no se le van a asignar recursos desde la federación para ello y que cada poder Judicial va a tener que negociar con el Ejecutivo de su estado”:
Aunado a esto, la especialista subrayó que en la reforma penal se designó una comisión para supervisar su aplicación.
“Hasta ahora no hay una comisión que se haya quedado para supervisar la implementación, por lo que cada estado lo tiene que resolver. Además, no hay fondos que se hayan asignado hasta ello y no se ve que en el corto plazo vaya a ser el caso”.
Añadió que la reforma de la justicia laboral, que estableció que los conflictos laborales pasen de las Juntas de Conciliación y Arbitraje a manos del poder Judicial, propició una mayor carga para los tribunales, la cual se suma a los nuevos procedimientos estipulados en el nuevo Código civil y familiar.
“Esto implica que los poderes judiciales tuvieron que absorber esta nueva materia laboral y apenas están en esto, y ahora les dicen que en la materia civil y familiar van a tener una gran dosis de oralidad y tienen que transitar hacia ello”.
Mecanismos de solución alterna de conflictos, el futuro de la justicia
La especialista consideró que otro punto interesante en el código es el impulso a los mecanismos de solución de controversia que, a su consideración, es el futuro de la justicia.
Detalló que cuando las personas tienen un problema o un conflicto, por ejemplo, un divorcio, una pelea por la custodia de los niños o un conflicto con el vecino sobre los límites de un terreno, acuden al poder Judicial, porque es el lugar al que tienen que llegar para resolver sus conflictos y la idea que se tiene es que se debe resolver en un juicio.
No obstante, la investigadora aclara que en un juicio siempre hay “alguien que gana o alguien que pierde”, por lo que los mecanismos alternativos de solución de controversias ofrecen la posibilidad de conciliar.
“Es decir, de llegar a una decisión en donde pueda haber dos ganadores, si son dos partes en conflicto, ¿me explico? Los dos llegan a un acuerdo donde no sienten que se les haya dado toda la razón, pero tampoco que hayan perdido todo. Entonces, yo creo que eso es muy bueno en la confianza que se puede generar hacia la justicia”.
Pero más allá de esto, Pantin resalta que los mecanismos alternativos de solución de controversias ayudan a desahogar muchos casos que no necesariamente necesitan llegar a un juicio.
Hacia la justicia digital y los grandes retos
Laurence Pantin, quien también es doctora en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), indicó que con la pandemia por Covid-19 se hizo más urgente la necesidad de contar con un nuevo código que dotara a los tribunales locales de las facultades de usar herramientas digitales en los procedimientos.
“En la pandemia fue un problema, porque los estados en donde no se preveía la posibilidad de utilizar herramientas digitales en los procesos judiciales en materia familiar y civil, encontramos que la ausencia de este código era un obstáculo para implementar algunas de esas herramientas”.
Destacó que la filosofía del nuevo Código de procedimientos civiles y familiares sienta las bases para mejorar el acceso a la justicia en esas dos materias mediante lo digital.
“Desde México Evalúa hemos analizado estos temas de justicia digital y hemos visto que, efectivamente, estamos convencidas de que el futuro de la justicia también implica implementar herramientas tecnológicas. Ahora, hay que hacerlo, pero con mucha responsabilidad, cuidando muchísimo que se respete el debido proceso, el derecho de las partes, etcétera”.
Sin embargo, declaró que el problema que han detectado es que antes de aprobar el código no se analizaron con detalle las herramientas tecnológicas que ya han implementado algunos poderes judiciales.
“Se proponen algunos aspectos que para algunos poderes judiciales el implementarlo representaría algún retroceso. El consejero José Antonio Gutiérrez Flores, del poder Judicial de Nuevo León, nos dice que para ellos hay un problema con las notificaciones, porque las notificaciones electrónicas en el código se prevé que puedan realizarse, pero mediante correo electrónico, y en el poder Judicial de Nuevo León ya tienen un sistema de notificaciones electrónicas”.
Dijo que, entonces, los poderes judiciales que ya tenían herramientas digitales podrán fortalecerse, pero los estados que no tienen recursos, no podrán implementarlas al mismo ritmo.
Finalmente, aseveró que lo más complicado del nuevo código no fue su elaboración, sino que el mayor reto será darle vida a lo establecido en el documento.
“¿Qué haría falta? un esfuerzo a nivel nacional, yo creo que tendría que ser desde la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia del país, debería buscarse un esfuerzo conjunto con los legisladores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para saber de dónde van a salir los recursos para esto”.
