La ONU para los derechos humanos insta a reforzar la seguridad de familias de personas desaparecidas
Durante 2023, en México se han registrado tres asesinatos de madres buscadoras, por lo que es fundamental que el Estado refuerce las medidas de protección hacia las familias de personas desaparecidas, aseveró Alan García Campos, coordinador de la Unidad de Graves Violaciones a Derechos Humanos de la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos durante su visita a Querétaro este martes.
Sin precisar un dato, enfatizó que 2022 fue el año más violento en contra de las madres buscadoras, quienes además de enfrentar violencia homicida, apuntó, padecen otras violencias múltiples.
“Estamos muy conscientes de estos desafíos que están enfrentando las personas buscadoras, lideradas siempre por mujeres; de los asesinatos que se han registrado en últimas fechas y hemos hecho llamados muy consistentes para que el Estado refuerce las medidas de protección”.
Argumentó que para prevenir estos tipos de violencia, las autoridades de los tres niveles de gobierno están obligadas a crear ambientes favorables para que las familias puedan desarrollar las actividades de búsqueda.
“Y hay que enfatizarlo: en muchas ocasiones -estas labores de búsqueda- son en sustitución de la responsabilidad y obligación del propio Estado”.
Señaló que el orden jurídico mexicano establece una distribución de competencias, de acuerdo con el Artículo Primero Constitucional, que señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus responsabilidades, deben promover y garantizar los derechos humanos.
Agregó que en el caso de Querétaro se deben reforzar las medidas de prevención, de investigación, de combate a la impunidad, particularmente de reparación y atención a las familias; así como de construcción de memoria y de garantías de no repetición en los casos de desaparición.
“Lastimosamente no hay entidad federativa que escape a esta problemática y el cumplimiento de esas obligaciones deben hacerse siempre escuchando a las familias, a las víctimas, garantizando su derecho a la participación, respaldándoles y protegiéndolas”.
