Por unanimidad, la Primera Sala de la SCJN determinó que la distribución de los libros de texto gratuitos es facultad exclusiva de la Secretaría de Educación Pública
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional promovida por el gobierno de Chihuahua en contra del acuerdo sobre la distribución de los libros de texto gratuitos elaborados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2023-2024.
“Queda sin efecto el recurso de reclamación’’, resolvió la Primera Sala del máximo tribunal constitucional del país.
De acuerdo con el proyecto de resolución confeccionado por el ministro Arturo Zaldívar, aprobado por unanimidad, resultó innecesario “analizar la oportunidad y la legitimación en el recurso, así como los agravios propuestos”.
Desde la perspectiva del instructor del caso, la distribución de los libros de texto gratuitos compete en exclusiva a la Federación.
El recurso de reclamación resuelto fue promovido por María Estela Ríos, titular de la consejería jurídica del Ejecutivo federal, por la aceptación de la controversia constitucional y el otorgamiento de la suspensión.
Detalles de la sentencia
Según la propuesta aprobada por la Primera Sala de la SCJN, resulta evidente que el recurso presentado por el gobierno de Chihuahua no cumple los requisitos establecidos por la ley, porque el acto reclamado no incide en la esfera competencial de las autoridades de aquella entidad federativa debido a que la elaboración, producción y distribución de los libros de texto gratuitos son facultad de la Federación.
La falta de consulta previa a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas argumentada por la parte quejosa también fue declarada improcedente.
El pasado 4 de agosto, Yadira Anette Gramer Quiñonez, consejera jurídica del Ejecutivo de Chihuahua, cuya titular es la gobernadora María Eugenia Campos Galván, de filiación panista, presentó ante la Corte el referido recurso legal por el que reclamó presuntas violaciones a los procedimientos para la aprobación de los contenidos de los libros de texto gratuitos, arguyendo que ello incidirá en su obligación constitucional de garantizar una educación pública y de calidad para los chihuahuenses.
