Este 12 de junio se cumplen 22 años de que entró en vigor la primera ley de transparencia en México, la “Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental”, que dio origen al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, una efeméride que toma particular relevancia en estos tiempos.
En estos días, integrantes del pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) y de varios organismos de las entidades federativas, publicaron un desplegado en medios impresos para pedir una cita con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo.
El objetivo es explicarle la importancia de los organismos autónomos garantes de los derechos de información y por qué eliminarlos y devolver sus funciones al Estado es regresivo para el desarrollo de la democracia del país y, sobre todo, para el libre ejercicio de derechos.
Hay que recordar que el aún presidente insiste en desaparecer al Inai. López Obrador se mantiene en su idea de que el Inai no sirve, que es oneroso y no combate la corrupción.
Es ocioso explicarle que ha vivido en el error.
La ganadora de la elección presidencial se ha mantenido en la misma idea y en campaña prometió desaparecer al Inai y a otros organismos autónomos que han servido para empoderar a las y los ciudadanos.
La cúpula del poder no entiende que el combate a la corrupción no es responsabilidad de los organismos de transparencia, cuya labor es garantizar el derecho a saber, a conocer la actuación del gobierno.
No van a entender que eliminar instancias como estas solo contribuirá a la opacidad en que vivimos durante décadas con el otro partido dominante, el del siglo pasado.
Las leyes de transparencia son una herramienta importante para el periodismo de investigación y permiten a las personas conocer algo más que los salarios del funcionariado.
Las leyes de transparencia también protegen nuestra información personal y dan responsabilidades legales a las instituciones para que rindan cuentas sobre sus actos y no solo en lo relativo al manejo del dinero público. Nos permiten saber a dónde van esos recursos, qué se compra, a quién se contrata y por qué, y quiénes son las personas que reciben dinero público y para qué.
Desaparecer los organismos de transparencia es devolverle al Estado el privilegio de la información y con ello abrir la puerta al autoritarismo, a la opacidad, a la mentira y la corrupción, porque no tendríamos mecanismos para identificar actos contrarios a la ley y menos poderlos documentar.
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*Periodista, autor del “Manual de Autoprotección para Periodistas” y de la “Guía de buenas prácticas para la cobertura informativa sobre violencia”. Conduce el programa “Periodismo hoy”, que se transmite los martes a las 13:05 h, por Radio Educación.
