Gabriela consideró que la reforma judicial no solo afectará a los trabajadores, sino también a la ciudadanía, y externó que la reforma no respeta la división de poderes señalada en la Constitución
Desde hace tres años, tras la última reforma laboral en México, abrió sus puertas el primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado, con sede en el municipio de Querétaro, en el cual Gabriela se desempeña como oficial judicial tipo A.
Ella explicó que el tribunal atiende asuntos que tienen que ver con despidos y seguridad social; por ejemplo, la solicitud de pensiones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por parte de beneficiarios de personas fallecidas. Señaló que resuelve asuntos que son de su competencia y que establece el artículo 527 de la “Ley federal del trabajo”.
“Soy oficial judicial y mi función es prácticamente administrativa, es llevar la estadística de todo lo que ingresa y todo lo que sale. Nos regimos por números, tenemos cierto tiempo para que los asuntos salgan, porque desde México nos miden por días; nuestro trabajo esta revisado, no es nada más lo que queremos hacer, en noviembre vamos a cumplir tres años en funciones porque es un órgano nuevo”, dijo.
Narró que para ingresar al tribunal y desempeñar el cargo que hoy ocupa, tuvo que realizar una especialidad y tomar cursos adicionales de materia laboral, lo cual le llevó tres años. De manera adicional, subrayó que tuvo que aprobar exámenes, incluidos psicométricos.
Sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), que buscan aplicar el actual y el próximo gobierno federal, consideró que se trata de una modificación que no solo afectará a los trabajadores, sino también a la ciudadanía, y que la reforma no respeta la división de poderes señalada en la Constitución.
Gabriela fue una de los trabajadores del PJF que participaron en la ceremonia conmemorativa por el Día del Abogado que se efectuó en Querétaro en la sede del PJF, que se encuentra en la avenida Fray Luis de León de la capital, ceremonia en la que magistradas, jueces, secretarios y actuarios se pronunciaron en contra de la reforma.
“Todo parece indicar que la reforma va a ser un hecho. Independientemente de nuestras prestaciones o lo que se nos pueda afectar como trabajadores, yo lo veo como un gran golpe de Estado, como ciudadano y país. Se supone que tenemos un derecho a la estabilidad en el empleo, supongamos que estamos protegidos como trabajadores, pero ya como ciudadanos, como país, me preocupa mucho”, enfatizó.
