En su visita a Querétaro, la presidenta de la Corte IDH, Nancy Hernández López, advirtió que las relaciones cívico-militares y los desafíos digitales son retos para la impartición de justicia
En la nueva sede del Poder Judicial del Estado, la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Nancy Hernández López, impartió la conferencia “Nuevos estándares en la jurisprudencia de la Corte IDH”, ponencia en la que estuvo presente la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Querétaro, Mariela Ponce Villa.
En su exposición, la jueza Nancy Hernández refirió que entre los retos que en la actualidad marcan el entorno en el que funciona la Corte y los tribunales nacionales, se encuentran: la presencia del crimen organizado, el debilitamiento de la independencia de los jueces; el deterioro de las relaciones cívico-militares y “los nuevos desafíos digitales”.
En primer lugar, señaló que la violencia que genera el crimen organizado se está convirtiendo en un “caldo de cultivo para actitudes autoritarias”.
“A cuenta del crimen organizado estamos por perder todas las garantías ciudadanas. Yo creo que ese es un gran peligro, creo que es un mito el tener que escoger entre seguridad y libertad”, afirmó.
Retos para la justicia en América Latina
En cuanto a la “captación de la justicia”, citó el ejemplo de Nicaragua y Venezuela; y aseveró que ambos países debilitaron la independencia de los jueces “a tal punto que, al final, los órganos de judicatura fueron sustituidos por personas que no venían con compromiso de independencia judicial” lo que, dijo, permitió una concentración de poder en la figura del Ejecutivo.
“Y, en resumidas cuentas, ya saben ustedes cómo terminó la película; se perdió la democracia, el clima de seguridad para las elecciones y en general todas las garantías ciudadanas”, aseveró.
Asimismo, puntualizó que visualizan también un deterioro de las relaciones cívico-militares. Precisó que, aunque en América Latina había un avance en dicho tema; ahora identifican un retroceso.
Subrayó que los derechos humanos fundamentales de los habitantes se ponen en riesgo cuando las fuerzas armadas asume labores de seguridad común que competen a la policía civil.
