Con el voto en contra de la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña; el CJF tomó la decisión de levantar la suspensión de plazos y términos judiciales a partir del lunes 23 de septiembre
Un día después de que los jueces y magistrados anunciaran la prolongación del paro de labores en protesta por la reforma judicial, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) acordó levantar la suspensión de plazos y términos en juicios a partir del próximo lunes 23 de septiembre.
Durante la sesión llevada a cabo este miércoles 17, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del CJF; y la consejera Lilia Mónica López Benítez votaron en contra de esta determinación.
Asimismo, tomó la decisión de convocar a una mesa de diálogo sobre las implicaciones de la reforma judicial, la cual se celebrará el próximo viernes 20 a las nueve de la mañana en una sede por definir.
En dicha reunión participarán la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed); la Asociación Mexicana de Juzgadoras; la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas; el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación; el Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación; y el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal.
Lo anterior, luego de que el decreto de reformas al Poder Judicial de la Federación entrara en vigor el pasado lunes 16 de septiembre después de su promulgación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Hasta ahora, la presidenta de la SCJN y del CJF ha iniciado tres consultas al pleno para analizar si el Alto Tribunal tiene facultades para frenar la puesta en marcha la reforma judicial, la cual establece la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros en 2025 y 2027.
Además de continuar con el paro de labores, los jueces y magistrados federales han amagado con bloquear nuevamente el Palacio Legislativo de San Lázaro, con la finalidad de impedir la toma de protesta de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre.
