Al presentar el martes pasado la Estrategia Nacional de Seguridad que será instrumentada en el sexenio de Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, expresó una idea fundamental: “La seguridad es un problema que requiere de una responsabilidad compartida y una respuesta unificada”.
Según lo expuesto, el plan se basa en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, así como la coordinación.
Habló, además, de tres objetivos principales para construir una paz duradera en el país: disminuir la incidencia delictiva, principalmente de homicidios dolosos y delitos de alto impacto como la extorsión; neutralizar generadores de violencia y redes criminales con atención a zonas de alta incidencia delictiva; y fortalecer las capacidades de prevención y proximidad social de las policías locales, además de mejorar el diálogo con todos los sectores de la sociedad.
La declaración podría pensarse, viene a responder a los cuestionamientos que los expertos han realizado en relación con la reforma judicial, en el sentido de que esta no tuvo una visión integral del sistema de justicia y que solo se trató de desmantelar al Poder Judicial, sin contemplar las deficiencias en el resto de las instancias que intervienen en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, como policías y fiscalías.
Porque ahora sí se está hablando de un modelo de atención integral a los delitos de alto impacto, a través de “acciones preventivas, coordinación institucional, acción oportuna de las fiscalías locales para la judicialización de objetivos, vinculación a proceso y mecanismos de control de actividades delincuenciales generadas desde el interior del sistema penitenciario”; así como de mejorar las capacidades de investigación para combatir mejor la delincuencia y el crimen organizado y el despliegue de unidades especiales para cumplimentar órdenes de aprehensión en puntos de mayor incidencia, junto con las fiscalías locales; entre otras acciones.
Y, aunque Claudia Sheinbaum asevere que “no va a regresar la guerra contra el narco”, lo que implicaría la continuidad de la política de “abrazos no balazos” de López Obrador, lo cierto es que García Harfuch refirió expresamente y con esas palabras: un “combate a las organizaciones delictivas” y la “neutralización de generadores de violencia y redes criminales”… lo que se traduce en una buena noticia para las y los mexicanos en materia de seguridad y combate a la impunidad que prevalece en el país.
Sin embargo, ahora lo preocupante es que en el acceso a la justicia se avance en la prevención del delito y la procuración de justicia, si es que la Estrategia Nacional de Seguridad funciona; pero la administración de esta, en manos de juzgadores electos popularmente y sin carrera judicial, sea el eslabón que se rompa.
Académicos e investigadores como Edgardo Buscaglia ha advertido en entrevistas que la justicia no debe someterse a un refréndum público:
“La visión política de quienes sostienen el poder hoy en día, en México es una visión de rechazar los principios republicanos, de que no existan tres poderes que puedan ejercer el control el uno al otro con ese equilibrio que exige toda República, no creen en eso; ellos creen que la persona que está en el poder tiene la obligación, el deber y la autoridad para imponer su visión, para eso fue votado. Son gente que, aunque no lo sepa, son autoritarios, por lo tanto las reformas judiciales que surgen de las cabezas de esta gente, son reformas autoritarias”, declaró recientemente al participar en Foro Jurídico, en donde también aseveró que con la reforma judicial se legaliza la “corrupción mafiosa” que, de facto, existe en el país en materia electoral:
Y agregó: “Uno puede abogar o argumentar que la delincuencia organizada ya tiene influencia sobre el Poder Judicial actual, especialmente del fuero común; y yo diría que sí, que la delincuencia organizada amenaza jueces, compra fiscales, asesina jueces; ya tienen influencia, pero (…) esta reforma, es legalizar esa situación, o sea, va a legalizar la entrada del mismo dinero sucio que hoy determina quién gana y quién pierde las elecciones en México, quiere de alguna manera legalizar esa corrupción mafiosa a través de un mecanismo electoral que es impresentable en México; es un sistema electoral sin controles patrimoniales, sin controles sociales, sin controles políticos (…) quieren incorporar ese modelo político mafioso al sistema judicial como un mecanismo de control del Poder Judicial y de todo el sistema judicial (…) es el modelo autoritario que fracasa”.
Dijo que de acuerdo con investigaciones que han realizado en Estados Unidos, en donde en algunas entidades hay cierto tipo de jueces elegidos popularmente, sus resoluciones son las que peor calidad tienen y en donde más corrupción identificaron.
Así pues, el sistema judicial en el país seguirá caminando sobre arenas movedizas, con el grave riesgo de hundirse más aún… y con resultados verdaderamente fatales.
