ONG presentaron una iniciativa de 11 puntos para una política basada en los derechos humanos; con esto, piden al gobierno de Claudia Sheinbaum poner fin a la militarización para control migratorio en México
Este miércoles, organizaciones civiles hicieron un llamado urgente a poner fin a la detención de personas migrantes y a la militarización del control migratorio en México; por ello, presentaron una propuesta de 11 puntos para una política basada en los derechos humanos ante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La iniciativa “11 Ejes para una Nueva Política Migratoria y de Asilo en México 2024-2030” fue elaborada por el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, compuesto por una red de decenas de asociaciones mexicanas y de Centroamérica, como Asylum Access y Save The Children.
Melissa Vértiz, secretaria técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, explicó que este esfuerzo colectivo surge “en un contexto en donde es evidente que la política de Estado en México, frente al tema migratorio y de asilo, lamentablemente continúa caracterizándose por el control” y “la contención migratoria”.
Advirtió de que esta política no solo es aplicada por el Instituto Nacional de Migración (INM), sino también por la Guardia Nacional, y avisó que “los derechos fundamentales de las personas en contextos de movilidad se ven violentados, no solo de manera sistemática, sino de manera sistémica”.
La propuesta abarca los ejes de integración sostenible, sistema de asilo, violaciones a derechos humanos, libertad y alternativas a la detención, y discriminación racial, así como la desmilitarización, niñez y adolescencia en movilidad, perspectiva de género, política exterior, acciones binacionales y cambio climático.
Detenciones y violaciones de derechos
Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, alertó de que desde 2021 han visto aumentos en eventos de detención migratoria en México, con más de 770 mil casos en 2023.
Apuntó que pese a la prohibición de detener a infancias y a sus familias desde 2020, lo que consideró uno de los avances más importantes del Gobierno anterior, aun falta “mejorar su aplicación”. También advirtió de que existen otras “barreras absurdas” como los obstáculos para poder acceder a un documento de identidad en el país, que limitan el acceso a los derechos para las personas en movilidad, poner como ejemplo que “únicamente 18 por ciento de los niños y niñas en movilidad están inscritos en la educación”.
Por su parte, Diana Martínez, del Grupo de acción por la no detención de personas refugiadas, dijo que la propuesta destaca “la necesidad de eliminar la detención migratoria para las personas refugiadas y para otros perfiles en situación de vulnerabilidad, y para el resto que sea utilizada como una medida de último recurso excepcional”.
“Desmilitarizar la gestión migratoria conlleva la transversalización de una perspectiva de derechos humanos por encima de la seguridad, erradicar la presencia de las fuerzas armadas en puntos de control y verificación migratoria”, urgió la especialista.
