El pleno del CJF determinó nuevamente que todos los tribunales y juzgados federales deben reanudar actividades jurisdiccionales en todo el país, a partir de este jueves 24 de octubre
Con el voto en contra de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, el pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ordenó de nueva cuenta que se levante el paro de labores en todos los tribunales y juzgados del Poder Judicial de la Federación.
Por mayoría de cuatro votos, la institución determinó que las actividades jurisdiccionales deben reanudarse a partir de este jueves 24 de octubre.
“Por lo que los titulares están obligados a dar cumplimiento a las disposiciones en materia administrativa, entre otras, el control de asistencia a fin de garantizar el óptimo funcionamiento de impartición de justicia, por lo que las áreas administrativas deberán aplicar la normativa vigente al personal que no asista a laborar”, señaló en la Circular 23/2024.
Además, el CJF instruyó al coordinador de Seguridad para que apoye a los jueces de Distrito y magistrados de Circuito que soliciten ayuda para accesos a las sedes jurisdiccionales.
Votaron a favor las magistradas Eva Verónica De Gyves Zárate y Celia Maya García; así como los magistrados Bernardo Bátiz Vázquez y Sergio Javier Molina Martínez.
Por su parte, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del CJF, Norma Lucía Piña Hernández; la consejera Lilia Mónica López Benítez y el consejero José Antonio Montalvo Martínez votaron en contra de la reanudación de actividades jurisdiccionales.
Crece la tensión
Hasta el momento, la mayoría de los jueces de Distrito y magistrados de Circuito se han negado a levantar el paro de labores, que mantienen en protesta por la aplicación de la reforma judicial.
Previamente, la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidió que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe continuar con el proceso de elección de juzgadores por voto popular tanto en 2025 como en 2027.
Mientras tanto, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron una reforma para que las reformas constitucionales no puedan ser impugnadas.
