El honor se refiere al concepto que una persona tiene de sí misma o que los demás se han formado de ella, a partir de su proceder o de la expresión de su calidad ética y social.
“Todo individuo, al vivir en sociedad, tiene el derecho de ser respetado y considerado y, correlativamente, tiene la obligación de respetar a aquellos que lo rodean. En el campo jurídico esta necesidad se traduce en un derecho que involucra la facultad que tiene cada individuo de pedir que se le trate en forma decorosa y la obligación de los demás de responder a este tratamiento”, ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 118/2013 (10a).
Ahí detalla que hay dos formas de concebir el honor: en un aspecto subjetivo o ético, basado en un sentimiento íntimo que se exterioriza por la afirmación que la persona hace de su propia dignidad; y desde el punto de vista objetivo, externo o social, entendido como “la estimación interpersonal que la persona tiene por sus cualidades morales y profesionales dentro de la comunidad. En el aspecto subjetivo, el honor es lesionado por todo aquello que lastima el sentimiento de la propia dignidad. En el aspecto objetivo, el honor es lesionado por todo aquello que afecta a la reputación que la persona merece, es decir, el derecho a que otros no condicionen negativamente la opinión que los demás hayan de formarse de nosotros”.
Sin embargo, el derecho al honor parece hoy existir en función de la percepción de quienes ostentan el poder en este país, determinada obviamente por su filiación partidista y concepción ideológica. En resumen, se traduce en lo dicho una y otra vez por Andrés Manuel López Obrador durante su gestión: “No es tiempo de simulaciones: o somos conservadores o somos liberales”.
A los primeros -los conservadores- etiquetados así por el solo hecho de disentir, según se aprecia, no se les reconoce este derecho (ahí está el largo listado de periodistas injuriados); contrario a lo que sucede con los segundos, los liberales.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en funciones (excepto las tres que ya sabemos), por ejemplo, han sido víctimas de todo tipo de vejaciones y ataques brutales; su reputación ha sido verdaderamente pisoteada a partir de un discurso ideológico por parte de los propios gobernantes y replicado en todos los ámbitos por sus siempre fieles servidores de la nación.
Y si bien la Corte se ha pronunciado también en el sentido de que las actividades de las personas con responsabilidades públicas interesan a la sociedad y la crítica debe entenderse en este caso, en un sentido amplio: “Como ha subrayado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el umbral de protección al honor de un funcionario público debe permitir el más amplio control ciudadano sobre el ejercicio de sus funciones, porque el funcionario público se expone voluntariamente al escrutinio de la sociedad al asumir ciertas responsabilidades profesionales -lo que conlleva naturalmente mayores riesgos de sufrir afectaciones en su honor- y porque su condición le permite tener mayor influencia social y acceder con facilidad a los medios de comunicación para dar explicaciones o reaccionar ante hechos que lo involucren” (Tesis: 1a. CCXIX/2009).
Lo cierto es que la adopción de este “sistema dual de protección”, no implica que a estas personas se las prive de su derecho al honor, “sino simplemente que el nivel de intromisión admisible será mayor, aunque dichas intromisiones deben estar relacionadas con aquellos asuntos que sean de relevancia pública”; y sí hay sanciones cuando se trate de información falsa o que haya sido producida con “real malicia”; es decir con la única intención de dañar, ya sea porque se difundió a sabiendas de que la información era “inexacta”, o ante una total “despreocupación por verificarla” (Tesis: 1a./J. 38/2013 10a.).
Incluso tras su renuncia, los ministros han recibido señalamientos oprobiosos, como el del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien afirmó que estos se irán con las “alforjas llenas” por los haberes de retiro, afrentas que no han recibido los ministros en retiro Olga Sánchez y Arturo Zaldívar, quienes hoy forman parte de la 4T.
Hemos visto pues no solo el menosprecio al derecho al honor, y una evidente “real malicia”; sino que jueces, magistrados y ministros han sido sometidos a un acoso moral o “mobbing” que atenta contra la dignidad de todo trabajador.
