Expertos y comisionados señalaron que el Congreso de la Unión debe respetar el federalismo y permitirles a las entidades determinar su modelo a seguir
Con la reforma que extingue el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) también desaparecerían los organismos autónomos estatales, por lo que expertos y comisionados alertan que garantizar los derechos humanos en la materia a nivel local estaría en vilo y señalan que el Congreso de la Unión debe respetar el federalismo y permitir a las entidades determinar su modelo a seguir.
Impulsada en el gobierno del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador, la reforma para desaparecer siete organismos autónomos, entre ellos, el Inai, se encuentra en la Cámara de Diputados, lista para su discusión en el pleno.
Aunque su análisis fue aplazado, expertos advierten su inminente aprobación por parte de la mayoría de legisladores de Morena y sus aliados.
Otra preocupación, además de la desaparición del Inai, es la eliminación de los organismos estatales, que actualmente tienen criterios homologados que les permiten a los ciudadanos solicitar información pública o personal a diferentes dependencias de gobierno.
El dictamen reforma el artículo 116 constitucional, con el que se eliminan los organismos autónomos locales y se establece que los estados definirán a la competencia de “los órganos encargados de la contraloría u homólogos de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y demás sujetos obligados”, para garantizar el acceso a la información.
Es decir, el modelo que plantea a nivel federal la desaparición del Inai y el desplazamiento de sus funciones a la recién creada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que sustituirá a la de la Función Pública, así como a otros sujetos obligados, se tendrá que replicar a nivel local.
Piden respetar el federalismo
Ante ello, Octavio Pastor Nieto de la Torre, comisionado de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Querétaro (Infoqro), señaló que en el dictamen debe ser modificado y darles libertad a los estados de establecer sus criterios para garantizar los derechos en la materia.
“Si se respetara el federalismo, si se respetara que el Estado es libre y soberano, pues que dejen que cada entidad federativa resuelva cómo va a defender y a tutelar esos derechos humanos”, resaltó.
Por su parte, Alejandra Vargas Vázquez, comisionada de Infoqro, también consideró que debe respetarse el federalismo.
“Ojalá que se dé libertad a los estados para que cada uno pueda definir el modelo a seguir”, afirmó.
Además, la comisionada advirtió que, con la reforma, cada sujeto obligado de los estados, que serían absorbidos por el poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y municipios, va a tener que resolver las solicitudes de información, lo que provocaría que haya “miniorganismos” sin mecanismos homologados.
Con ello coincide Itzel Checa, directora del Observatorio de Designaciones Políticas Públicas, quien explica que la reforma provocará asimetrías de información en la geografía del país y que aún hay entidades en las que se necesita fortalecer los organismos locales.
Juez y parte
Actualmente, el Inai y los órganos locales, como organismos autónomos y ajenos al gobierno, fungen como una autoridad que debe garantizar que se cumpla el derecho a la información, por lo que tiene la facultad de ordenar a los sujetos obligados entregar los datos solicitados por los ciudadanos.
Por ello, cuando una persona solicita información pública o personal a una dependencia y esta la niega, los ciudadanos pueden interponer un recurso de revisión. Posteriormente, el Inai o los organismos locales resuelven si las instituciones tienen la obligación o no de entregar la información.
Con la reforma, las dependencias de los poderes que se encarguen de garantizar el acceso a la información también tendrán la facultad de negarlo y, en caso se inconformidad, ellos serían sus propios revisores.
Lo anterior sería como ser “juez y parte”, alertaron los comisionados, mientras que, en palabras de María Marván Laborde, excomisionada presidenta del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (Ifai), sería una “relación incestuosa”.
“Es decir, el mismo gobierno que niega la información va a revisar si tiene que entregarla. El mismo gobierno va a decir: ‘Ya te dije que no te la voy a entregar’. Entonces vamos a entrar a una mayor opacidad en el gasto del gobierno público”, alertó la también presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana.
Además, si las instituciones insisten en negar la información solicitada por los ciudadanos, la vía sería recurrir a una demanda de amparo que puede tardar años en resolverse, alertó Itzel Checa.
Una reforma regresiva
La reforma para desaparecer el Inai es regresiva, consideran organizaciones, asociaciones y expertos, principalmente porque llevó décadas para que existiera un organismo autónomo a cargo de garantizar el derecho a la información y a la protección de datos personales.
“Es un retroceso, es dar un salto hacia atrás de más de 20 años que veníamos avanzando en materia de transparencia y de acceso a la información, y nos preocupa mucho la protección de los datos personales, hay muchos problemas de robo de identidad”, aseveró el comisionado local Pastor Nieto de la Torre.
En tanto, la especialista Itzel Checa detalló que fue en 2015 cuando se logró constituir al Inai como un organismo autónomo, con el fin de que no estuviera supeditado a ninguno de los tres poderes.
“(La reforma) es una regresión sin lugar a dudas, es disminuir la calidad de la democracia en nuestro país, es abrir las puertas para generar un autoritarismo”, consideró Marván Laborde.
Sin posibilidad de defensa
Debido a que la reforma para desaparecer el Inai es constitucional, en caso de aprobarse no se podrán interponer controversias o acciones de inconstitucionalidad, ni promover amparos para frenarla, debido a la entrada en vigor de la llamada reforma de “supremacía constitucional”, que blinda las reformas constitucionales.
Sin embargo, Marván Laborde dijo que, ante la inminente aprobación de la reforma, se debería establecer leyes secundarias para que se garantice el derecho a la información.
En el ámbito local, el comisionado presidente de Infoqro, Javier Olea Marra, aseguró que hay pláticas de integrantes del Sistema Nacional de Transparencia con legisladores para ver esa posibilidad de que se respete el federalismo.
En tanto, los comisionados y expertos también consideraron que la reforma, en otra instancia, se puede llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La reforma se discutirá el 20 de noviembre en la Cámara de Diputados.
Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aseguró que el dictamen no se ha retirado y que probablemente tendrá cambios por las “inquietudes” de funcionarios de los organismos autónomos en vilo.
